El verdadero riesgo minero
Carlos Rojas Araujo jueves, 18 julio 2019 - 03:21
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Ecuador entrará al ‘boom minero’ de la peor manera, desconociendo su costo real. Hasta ahora, el mensaje del Gobierno ha sonado a desesperación: sin esos recursos, el país no podrá apalancar su desarrollo en los próximos años. Por lo que sentirse preocupado por el nuevo episodio de nuestra copiosa historia extractivista suena, para muchos, a blasfemia. Y preguntarse si será mejor dejar el oro, la plata y el cobre en nuestras cordilleras es razonar con torpeza y sin sentido de patria.
Pero estos temores están justificados y debieran alimentar un debate nacional que determine qué riesgos ambientales y sociales se corren con una explotación a gran escala y, lo más importante, qué haremos con esos recursos.
Estudios técnicos confirmaron que solo el proyecto Cascabel tiene la mina subterránea de plata más grande del planeta, así como el tercer yacimiento de oro y el sexto de cobre. El dinero que representa su extracción no ha sido tasado por completo. Políticamente Correcto reveló que solo en oro, en todos los yacimientos, hay 35 millones de toneladas que representan 45.500 millones de dólares.
¿Cabe obviar esa riqueza? El Estado apoya un plan sostenido de mega minería que hasta el año 2021 significaría 3.800 millones de dólares en inversión extranjera. Y los movimientos sociales niegan cualquier intento porque se dé esa extracción. Creen que las empresas destruirán las áreas naturales, envenenarán el agua y se llevarán los recursos, dejando pocas regalías para el Estado.
Su molestia es legítima. Ecuador, país de pequeña extensión, megadiverso, de gran concentración de vertientes de agua y de pueblos por doquier, no puede darse el lujo de destruir su geografía, más allá de que los estándares ambientales y el avance tecnológico de las compañías serias minimizan esos riesgos.
Por eso, la minería a gran escala no puede satanizarse a punta de consultas populares ni por los intereses particulares de un dirigente político. Más aún cuando no ha mostrado los mismos bríos ante la tristeza y el miedo que envuelven zonas como Buenos Aires (Imbabura), donde la minería ilegal tiranizó a artesanos y contaminó el lugar con mercurio y el dinero sucio del narcotráfico.
El Estado, en teoría, está para erradicar la actividad y garantizar el desarrollo de una minería técnica que brinde la ansiada prosperidad, sobre todo, a las comunidades donde haya extracción. Sobre esta dicotomía se seguirá hablando por meses.
Lo que resulta urgente es saber cómo se administrarán los nuevos millones, no tan abundantes como los del petróleo. Si el país usará esa plata para obras con sobreprecios infames, aportes para las campañas de la reelección populista, el pago de farras o para sustentar en el exilio a los políticos pícaros y fugados, ¡mejor, no gracias! Sería letal que este nuevo ‘commodity’ amortigüe otra vez las graves distorsiones de la economía nacional y que a base de nuevos subsidios, Ecuador siga a la zaga de la innovación, la productividad y la competencia. Aquí radican los verdaderos riesgos del próximo ‘boom’ minero.
