Según la asambleísta lojana Jeannine Cruz, de 5.000 estudiantes que rindieron la prueba Ser Bachiller en su provincia, 3.500 no la pasaron. En la última convocatoria para las provincias de la Costa, se filtraron las pruebas y 1.500 estudiantes deberán repetirlas. El examen que determina el acceso a las universidades públicas está bajo ataque. Hay voces que piden eliminarlo y otras cambiarlo. Sin embargo, la calentura no se encuentra en las sábanas.
Todos los sistemas educativos del mundo tienen métodos de evaluación para obtener un cupo en las universidades. Desafortunadamente, Ecuador sigue sufriendo los rezagos de una política absurda, implantada en la década de los 70, cuando se liberó el ingreso a las universidades públicas. El derecho a acceder a universidad pública debe ser universal, pero con un único requisito: tener la formación académica para seguir los estudios.
El examen Ser Bachiller, con sus deficiencias, ha sido un parámetro para este propósito y ha revelado una situación trágica: la educación en el país es deficiente en general, pero en mayor escala en las escuelas públicas. En el examen PISA de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que por primera vez los estudiantes ecuatorianos rindieron en 2017, los resultados igualmente fueron poco alentadores. En matemáticas, lectura y ciencias estuvimos muy por debajo del promedio mundial. Además hubo una diferencia de por lo menos cien puntos por nivel económico de las escuelas del país. Esos 100 puntos equivalen a tres años de retraso en educación. Todo esto a pesar de que durante la década pasada se invirtió más de 8.000 millones de dólares en educación.
Hay que corregir el examen si tiene deficiencias, utilizar sistemas adecuados para que no se filtre, castigar judicialmente a quienes lo han corrompido, pero suspenderlo sería un retroceso.
