Con las elecciones de alcaldes y prefectos del próximo cinco de febrero votaremos también en una consulta popular de ocho preguntas. Seis preguntas son para realizar cambios en la seguridad; dar autonomía a la Fiscalía; reducir el número de asambleístas y establecer mayores exigencias a los partidos y restar funciones claves al Consejo de Participación Ciudadana. Las dos preguntas finales son para promoverla conservación del medio ambiente. La consulta llega luego de una larga espera y si bien se ha criticado que en ella no están preguntas sobre reformas al Código del Trabajo y a la economía, el triunfo del Sí ayudará en todos los aspectos consultados. Así, la pregunta número uno que versa sobre la extradición de quienes son parte del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, corrupción, lavado de activos es muy importante pues será una disuasión para algunos criminales. Aun los capos más poderosos se han resistido a terminar sus días en una prisión extranjera. Pablo Escobar, el mayor narcotraficante colombiano dijo que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, porque en las cárceles de la región los capos siguenal mando de su negocio criminal, lo que es imposible en una cárcel internacional. Por lo mismo, nadie debería oponerse a dar el Sí. La independencia de la Fiscalía se lleva discutiendo durante varios años, pues quien ha sido fiscal general no ha tenido capacidad para sancionar, promover y administrar a la institución y ha dependido de un Consejo de la Judicatura funcional a otros intereses y susceptible de manipulación política.Las preguntas que buscan reducir el número de asambleístas y las exigencias para el funcionamiento de los partidos deben mejorar el caótico escenario que han hecho de la Asamblea el organismo peor evaluado del país, con una credibilidad de menos del 10 por ciento. Igualmente, la reforma a los partidos aminorará la costumbre de crear partidos de alquiler, que no solo han servido para la corrupción, sino que han facilitado el ingreso de dinero sucio del crimen organizado.
Punto aparte, merece la pregunta sobre restar las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Es vital. Este organismo extraño permitió la concentración de poderes durante la administración de Rafael Correa porque podía controlar a quienes debían controlarlo y actualmente ha demostrado su incapacidad para nombrar funcionarios claves, debiendo las instituciones trabajar con “encargados”, sin fuerza para ejecutar sus tareas. Al regresar este nombramiento al Parlamento, por lo menos habrá mayor representatividad en los nominados y su éxito o fracaso tendrá responsables públicos. El Consejo quedará reducido a ser el apéndice del sistema político, sin función relevante hasta que se lo extirpe definitivamente. Finalmente, las preguntas sobre la ecología deben atraer a los votantes jóvenes, quienes están más conscientes sobre los males del cambio climático.
Al estar la consulta inmersa en las elecciones seccionales y debido a que el gobierno ha sufrido el desgaste de dos años muy difíciles, algunos partidos por política han pedido que se vote por el No. Es una irresponsabilidad pues, los asuntos que se consultan son importantes para avanzar hacia cambios que los ciudadanos comunes aspiran. Es imperativo mayor seguridad para que la sociedad no viva amenazada y la extradición e independencia de la Fiscalía coadyuvarán en esa lucha. Igualmente, requerimos una Asamblea con calidad y debe haber mayor exigencia sobre los partidos políticos. Finalmente, si por ahora no es posible extirpar al Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos hay que restarle el nombramiento de los funcionarios de control, ya que es nefasto que las llaves de la seguridad jurídica estén en manos de siete personas que no responden a nadie y pueden cooptarse. Es cierto que la consulta pudo realizarse antes, que no están todas las preguntas, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ojalá se vote con sensatez.
