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Sin razón de ser

viernes, 23 septiembre 2022 - 16:19
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    Descrito como una “novelería” por el expresidente de la Asamblea Constituyente que lo creó, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido un escollo en la gobernabilidad del país. Concebido como un organismo técnico, independiente y apolítico, es todo lo contrario. Durante casi una década, fue el instrumento que le permitió al expresidente Rafael Correa controlar los organismos más importantes del Estado: la Fiscalía y las Cortes, la Contraloría y las Superintendencias de Bancos, Compañías y Poder de Mercado y con ello acumular más poder que ningún otro mandatario en la historia reciente del país.

    Por sus defectos debió desaparecer, pero la Asamblea Nacional echó en el tacho el más importante de ellos, la consulta promovida por el Comité por la Institucionalización Democrática que recogió más de 200 mil firmas para una consulta popular.

    Ahora, hay una nueva oportunidad, por lo menos para reformar a esta nefasta institución. La pregunta seis de la Consulta Popular presentada por el presidente Guillermo Lasso busca que se le reste al Consejo la capacidad de nombrar a los funcionarios de control y que sea la Asamblea la que los escoja. De esta manera, se impedirá que sus siete vocales, que no responden a nadie y por lo mismo pueden estar sujetos a las presiones de todos, especialmente de intereses protervos, determinen el funcionamiento ordenado del Estado.

    No solo es peligroso para un Estado democrático, que en manos de siete personas recaiga tanto poder, sino que además esta institución se ha caracterizado por su total ineficiencia.

    El Consejo que se posesionó en 2019, luego de una elección popular de sus miembros, es el mejor ejemplo: dos de sus presidentes, Tuarez y Cruz fueron destituidos por actos indebidos. En los tres años que está en funciones, el Consejo no ha podido nombrar a funcionarios claves como es el contralor, el defensor del pueblo, los consejeros del CNE, entre otros.

    Los concursos han demorado en promedio 2,6 años. En consecuencia, quienes están frente a instituciones claves son “encargados” y por lo mismo sin la fuerza de la titularidad para efectuar sus tareas. Esto no puede continuar. La pregunta seis merece un “Sí” rotundo. No desaparece la institución que debería desaparecer, pero al menos se le resta la más polémica de sus atribuciones.

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