Perdimos todos

miércoles, 16 octubre 2019 - 12:34
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    S egún una investigación  del Banco Interamericano de Desarrollo, el subsidio de los combustibles  significa 30 por ciento del gasto  público y es responsable de las dos  terceras partes del déficit fiscal.
     
    Un estudio de UDLA contabilizó su costo entre 2005 y 2018:  44.278 millones de dólares. Es decir, casi el 80 por ciento de nuestra  agobiante deuda externa. Además, el subsidio ha sido un obstáculo para que el país desarrolle  sistemas de transporte público  eficientes, ha permitido que nazcan mafias de contrabandistas,  que se sature el parque de vehículos y se contamine a las ciudades,  al extremo que en la capital se  impide circular en ciertos días.
     
    Sin embargo, desmantelarlo ha  sido una medida tan impopular  que ningún presidente se había  atrevido a ejecutar. Lenín Moreno  lo hizo, sin anticipar el grado de  virulencia en las protestas. Reinó  una anarquía sin precedentes en  Ecuador, que ha visto hace una década cambiar cuatro presidentes  por faltas menores. Los manifestantes invadieron campos petroleros, destruyeron edificios, saquearon sin miramiento y secuestraron  policías y periodistas. La protesta  comprensible en los sectores más  afectados, se tornó en amenaza  al sistema democrático porque en  río revuelto aparecieron agentes  externos, interesados en impedir  la acción judicial en contra de funcionarios del anterior gobierno  y también fue aprovechada por  delincuentes comunes. Hubo una  agonía de más de una semana,  con costos cuantificables en término de daños materiales y lucro  cesante, pero incuantificables para  el tejido social interno y la imagen  internacional del país: una “banana republic”, sin ley ni orden. El  riesgo país subió 110 puntos.
     
    ¿Quién pagará la cuenta de  17’000.000 de la paralización de  campos petroleros, el daño de  1’000.000 a bienes coloniales en la  Capital? ¿Y a las empresas saqueadas y a las que no pudieron aprovechar los festejos y el feriado por  el 9 de Octubre, que además era  el inicio del año del Bicentenario?  ¿Quién compensará a los trabajadores informales, que no tuvieron para alimentar a sus familias  durante una semana? Pero lo más  importante, ¿a quién responsabilizamos por haber exacerbado el  racismo y la xenofobia?
     
    Perdimos todos. La violencia  no construye sociedades de derecho. Los violentos, provengan de  donde provengan, no deben tener  cabida en la democracia y sus actos  no pueden ser perdonados. Para  ellos, todo el peso de la ley.

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