De las reformas jurídicas al sistema constitucional aprobado en Montecristi en 2008, la más perniciosa fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue esta la institución que permitió la concentración de poderes durante el largo mandato de Rafael Correa. Esa concentración produjo el irrespeto a los derechos ciudadanos, la ausencia del saludable equilibrio de poderes, la corrupción generalizada y la impunidad. Durante el gobierno de Lenín Moreno un Consejo de Participación Transitorio, presidido por un hombre probo como fue Julio César Trujillo comenzó a través de varios nombramientos en las funciones de control a enrumbar la institucionalidad. Además, se cambió la forma de elegir a los miembros del Consejo, pero a un año y medio de sus funciones, solo se ha comprobado como demuestra la reciente pugna dentro del organismo que por principio dicha institución no debe existir en democracia y que solo atenta contra la gobernabilidad del país.
Uno de los mandatos del Consejo es promover la participación ciudadana. Sin embargo, es contra natura que la participación de la sociedad civil que vela por que no existan abusos estatales, se organice desde el Estado. Otros mandatos, en cambio, interfieren con acciones de otros organismos. El Consejo debe investigar la corrupción estatal. Para aquello existen ya dos instituciones: la Contraloría y la Fiscalía. Finalmente está la nominación de las autoridades de control, que es el origen de la pugna actual. En 18 meses, el Consejo no ha podido proceder con los nombramientos por presiones sobre las personas que lo conforman, según se ha denunciado. Es más justo, con todos los pasados defectos, que los nombramientos provengan del poder popular, representado por la Asamblea. Esto puede evidenciar quién está detrás de los nombramientos y responsabilizar a los partidos proponentes, lo que no ocurre hoy. Por lo tanto, en la consulta que promueve el Ejecutivo, por lo menos debe quitarse de las manos del Consejo el nombramiento de quienes deben dirigir los órganos de control, aunque lo ideal sería que se entierre esta novelería jurídica.
