Los organismos internacionales han clasificado a Ecuador como un país de ingresos medios. No obstante, a la hora de evaluarla vigencia del Estado de derecho, el país está a la altura de los más pobres del mundo. Según el índice mundial de la organización World Justice Project de 2022, las leyes se cumplen apenas en un 48 por ciento y por lo tanto el país ocupa el puesto 121 entre 140, con respecto al orden y la seguridad. Lo preocupante es que ese incumplimiento ocurre principalmente de parte de ciudadanos que aspiran a ser ejemplo y exigir a los demás la aplicación de las leyes. Con bastante anticipación a lo que establece el Código de la Democracia, que determina que la campaña electoral para autoridades seccionales se inicie 30 días antes de las elecciones, los candidatos han empapelado vías, puentes y casas con propaganda. Los aspirantes a la reelección, además, han abusado de recursos públicos para promover sus obras para lograr quedarse en el cargo. El mismo Código dela Democracia prohíbe la entrega de regalos, pero estos se han repartido de manera burda, aprovechando la necesidad de los electores: la típica camiseta de otros tiempos ha sido cambiada por entrega de cilindros de gas, juguetes, canastas navideñas y para el derroche, en muchos casos se han filtrado dineros del crimen organizado, evidente en fiestas y conciertos. Y ante tales violaciones de la Ley, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que hay vacíos legales y por lo mismo no pueden sancionar a los infractores.
Los valores que rigen a una comunidad se socializan a través de modelos de comportamiento de quienes la dirigen. Por lo mismo, resulta totalmente reprochable este conjunto de violaciones legales hechas por quienes aspiran a una dignidad trascendente y de mayor importancia para los ciudadanos, pues son los presidentes de juntas parroquiales, los alcaldes, los concejales y prefectos, las autoridades más cercanas a sus necesidades básicas. Este comportamiento deshonesto no contribuye para establecer comunidades sanas y positivas pues resulta contrario al sentido común que violadores de preceptos y leyes exijan después en su cargo, que otros sí las cumplan. Además, la falta de sanción de estos delitos electorales es una muestra de impunidad y la impunidad es el mayor disuasivo para que una sociedad se conduzca como un Estado de derecho. Internacionalmente, el Estado de derecho se reconoce como la base para la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. Su ausencia tiene consecuencias inmensurables como hemos observado durante este último año con respecto al crimen y la violencia.
