EDITORIAL
En un país, donde los escándalos de corrupción y falta de ética ocurren a diario, la irregular obtención de carnés de discapacidad supera todas las miserias. En la lista de beneficiarios están asambleístas, parientes cercanos a los parlamentarios, altas autoridades de otras funciones, jueces, deportistas, entre otros. Algunos seguramente cumplieron con los requisitos para acceder al carné, pero existe una profunda duda y se piensa que la mayoría lo consiguió a través de funcionarios corruptos de las entidades encargadas de distribuirlos.
Y hay pruebas. Las autoridades estiman que se emitieron dolosamente unos 2.281 carnés. Según reporta una investigación del portal Código Vidrio, por ejemplo, desde 2013 una sola epidemióloga del ministerio de Salud en Guayaquil avaló sin requisitos 1.985 carnés de discapacidad. Ella sería parte de una red de corrupción que cobraba entre 1.000 y 2.000 dólares por carné. No solo ocurrió en Guayaquil, según denuncias hechas a Ecuavisa, un funcionario del ministerio de Salud en Portoviejo ofrecía carnés por 3.000 dólares a través de Whatsapp. Con la firma de la epidemióloga de los 1.985 carnés en Guayaquil, obtuvieron la credencial y los derechos quienes hoy están arrestados por negocios turbios en las compras de insumos médicos en hospitales públicos.
Los carnés no solo facilitaron la adquisición de vehículos de alta gama sin impuestos, rebajas de tributos en general, sino también jubilaciones anticipadas, con apenas 240
aportaciones, cuando lo mínimo son 300. El Instituto de Seguridad Social detectó entre 2017 y 2020 un aumento de más de 1.200 por ciento en las jubilaciones por discapacidad. Sin embargo, no detuvo el saqueo. ¿Por qué si el aumento en las solicitudes era tan desproporcionado, no se inició una investigación? Hubo desidia, cuando menos, sino complicidad interna.
En contraste a este festín, los verdaderos discapacitados pasan por un viacrucis para ser calificados como tal. Ahí sí, se extreman los requisitos, las demoras usuales y el maltrato de los funcionarios. Por ello, las palabras del obispo de Santo Domingo, Bertram Wick, suizo de nacimiento y naturalizado ecuatoriano, reflejan el sentimiento ciudadano de hartazgo con el robo y la indolencia: “Me avergüenza confesar que soy ecuatoriano. Me avergüenza en lo profundo del alma…Pido a los asambleístas que tienen un carné de discapacidad que renuncien porque el país no soporta más vergüenza”. Ecuador debería recurrir, además, a la figura de la antigua Roma: declararlos “infames”. Así sucede actualmente en algunos países anglosajones que mantienen hoy en sus códigos este tipo legal. La infamia determina la muerte jurídica de personas que cometen actos reprochables, entre los cuales está el dolo de los carnés. Estas personas quedan “muertas” para efectos civiles: no gozan del derecho a votar, no pueden postularse a un cargo de elección ni ocupar un puesto público.
