Infamia

viernes, 17 julio 2020 - 11:49
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    EDITORIAL
     
    En un país, donde los escándalos de corrupción y falta  de ética ocurren a diario, la  irregular obtención de carnés de  discapacidad supera todas las miserias. En la lista de beneficiarios  están asambleístas, parientes cercanos a los parlamentarios, altas  autoridades de otras funciones,  jueces, deportistas, entre otros.  Algunos seguramente cumplieron  con los requisitos para acceder al  carné, pero existe una profunda  duda y se piensa que la mayoría lo  consiguió a través de funcionarios  corruptos de las entidades encargadas de distribuirlos.
     
    Y hay pruebas. Las autoridades estiman que se emitieron dolosamente unos 2.281 carnés. Según reporta una investigación del  portal Código Vidrio, por ejemplo,  desde 2013 una sola epidemióloga  del ministerio de Salud en Guayaquil avaló sin requisitos 1.985 carnés de discapacidad. Ella sería parte de una red de corrupción que  cobraba entre 1.000 y 2.000 dólares por carné. No solo ocurrió en  Guayaquil, según denuncias hechas a Ecuavisa, un funcionario del  ministerio de Salud en Portoviejo ofrecía carnés por 3.000 dólares  a través de Whatsapp. Con la firma de la epidemióloga de los 1.985  carnés en Guayaquil, obtuvieron la  credencial y los derechos quienes  hoy están arrestados por negocios turbios en las compras de insumos  médicos en hospitales públicos.
     
    Los carnés no solo facilitaron la  adquisición de vehículos de alta gama sin impuestos, rebajas de tributos en general, sino también jubilaciones anticipadas, con apenas 240
    aportaciones, cuando lo mínimo  son 300. El Instituto de Seguridad  Social detectó entre 2017 y 2020  un aumento de más de 1.200 por  ciento en las jubilaciones por discapacidad. Sin embargo, no detuvo el  saqueo. ¿Por qué si el aumento en  las solicitudes era tan desproporcionado, no se inició una investigación? Hubo desidia, cuando menos, sino complicidad interna.
     
    En contraste a este festín, los  verdaderos discapacitados pasan  por un viacrucis para ser calificados como tal. Ahí sí, se extreman  los requisitos, las demoras usuales  y el maltrato de los funcionarios.  Por ello, las palabras del obispo de Santo Domingo, Bertram Wick,  suizo de nacimiento y naturalizado  ecuatoriano, reflejan el sentimiento ciudadano de hartazgo con el robo y la indolencia: “Me avergüenza  confesar que soy ecuatoriano. Me  avergüenza en lo profundo del alma…Pido a los asambleístas que  tienen un carné de discapacidad  que renuncien porque el país no  soporta más vergüenza”. Ecuador  debería recurrir, además, a la figura de la antigua Roma: declararlos  “infames”. Así sucede actualmente  en algunos países anglosajones que  mantienen hoy en sus códigos este tipo legal. La infamia determina  la muerte jurídica de personas que  cometen actos reprochables, entre  los cuales está el dolo de los carnés.  Estas personas quedan “muertas”  para efectos civiles: no gozan del  derecho a votar, no pueden postularse a un cargo de elección ni ocupar un puesto público.

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