Los delitos en Ecuador crecieron en 2019. Comparando las cifras de enero a noviembre de 2018 con el mismo período en 2019, los homicidios aumentaron en 16 por ciento, el robo a personas en ocho por ciento, el robo de motos en 30 por ciento y el de vehículos en 20 por ciento. Las cifras reflejan que la inseguridad es una realidad y no una percepción, como argumentan a menudo las autoridades. Dos causas probables para el aumento son, por un lado el narcotráfico, que ha consolidado estructuras criminales. Por otro, en la migración indiscriminada de 500 mil venezolanos se infiltraron delincuentes, que son frecuentes protagonistas de la crónica roja.
A esa inseguridad, hay que agregar un nuevo elemento que ahonda la gravedad del problema. Como efecto pernicioso de las protestas de octubre, parece hoy más fácil irrespetar a la autoridad, sin sufrir las consecuencias. Abundan los casos en que la turba impide que se aprese a quienes cometen delitos. Un conductor ebrio que había atropellado a una joven, no pudo ser apresado por la protección de sus vecinos. En fin de año, policías que trataron de calmar los ánimos en un parque de un balneario de la Costa, fueron agredidos, y en otra ocasión, para impedir la citación vehicular, un conductor lanzó una gata al vigilante, que terminó con su oreja desmembrada.
Para que una sociedad funcione tiene que haber respeto a la Ley y el orden. La Ley está representada por los operadores de justicia y el orden por las fuerzas públicas: policías, militares, agentes de tránsito, etc. Este es el contrato social básico: los ciudadanos entregamos el derecho a la autodefensa a cambio de aceptar las normas y recibir la protección del Estado. Cuando esto no se cumple hay anarquía y los ciudadanos toman la justicia por su propia mano.
No obstante, los operadores de la Ley y el orden deben ser también los primeros en cumplirla. Desafortunadamente, esto no es siempre así. Las denuncias contra ellos deben ser procesadas por un canal regular y no irrespetando a la autoridad.
