El irrespeto a la autoridad

jueves, 30 enero 2020 - 11:40
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    Los delitos en Ecuador crecieron en 2019. Comparando  las cifras de enero a noviembre de 2018 con el mismo período  en 2019, los homicidios aumentaron en 16 por ciento, el robo a personas en ocho por ciento, el robo de  motos en 30 por ciento y el de vehículos en 20 por ciento. Las cifras  reflejan que la inseguridad es una  realidad y no una percepción, como  argumentan a menudo las autoridades. Dos causas probables para el  aumento son, por un lado el narcotráfico, que ha consolidado estructuras criminales. Por otro, en la migración indiscriminada de 500 mil  venezolanos se infiltraron delincuentes, que son frecuentes protagonistas de la crónica roja. 
     
    A esa inseguridad, hay que agregar un nuevo elemento que ahonda la gravedad del problema. Como  efecto pernicioso de las protestas  de octubre, parece hoy más fácil  irrespetar a la autoridad, sin sufrir  las consecuencias. Abundan los  casos en que la turba impide que  se aprese a quienes cometen delitos. Un conductor ebrio que había  atropellado a una joven, no pudo  ser apresado por la protección de  sus vecinos. En fin de año, policías  que trataron de calmar los ánimos  en un parque de un balneario de la  Costa, fueron agredidos, y en otra  ocasión, para impedir la citación  vehicular, un conductor lanzó una  gata al vigilante, que terminó con  su oreja desmembrada.
     
    Para que una sociedad funcione  tiene que haber respeto a la Ley y el  orden. La Ley está representada por  los operadores de justicia y el orden  por las fuerzas públicas: policías, militares, agentes de tránsito, etc. Este  es el contrato social básico: los ciudadanos entregamos el derecho a la  autodefensa a cambio de aceptar las  normas y recibir la protección del Estado. Cuando esto no se cumple hay  anarquía y los ciudadanos toman la  justicia por su propia mano.
     
    No obstante, los operadores de  la Ley y el orden deben ser también  los primeros en cumplirla. Desafortunadamente, esto no es siempre así.  Las denuncias contra ellos deben ser  procesadas por un canal regular y no  irrespetando a la autoridad.

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