Varias veces víctima
Una estudiante del colegio Dillon, de Quito, fue drogada y violada por el chofer del transporte escolar: tiene 14 años. Comunicó a sus padres lo ocurrido y estos a la rectora del colegio, quien por evitar que el nombre del plantel aparezca en la prensa se demoró en actuar. La demora permitió que el violador escape. Las compañeras de dicho plantel organizaron una protesta exigiendo justicia. La rectora fue despedida por el Ministerio de Educación, que emitirá un nuevo protocolo para la contratación de transportistas escolares. La víctima de este crimen horrendo tendrá una cicatriz de por vida, pues no solo que la autoridad del plantel no le creyó, sino que el violador le dijo que había estado borracha. Ojalá la joven no esté embarazada, para que no aumente su tragedia.
Ecuador es un país violento, pero es doblemente violento para las mujeres. Según la Fiscalía General del Estado se denuncia 14 violaciones cada día, tres de estas denuncias corresponden a menores de 14 años como lo fue la víctima del chofer del transporte escolar y los agresores son personas cercanas a su entorno. ONGs femeninas creen que la cifra es conservadora, pues por ignorancia o por miedo no se denuncian todas las violaciones. Las violaciones además del impacto psicológico en la víctima, que ve limitada su confianza en sí misma y en su entorno muchas veces tiene la consecuencia trágica de un embarazo. En Ecuador hay un promedio anual de 2.700 nacimientos de madres menores de 15 años. Las madres adolescentes entran a un destino condenado a la pobreza para la madre y para el hijo. Por ello, era muy importante que Ecuador cumpla con el requisito de Naciones Unidas de permitir el aborto en caso de violación, que fue acogido por la Corte Constitucional pero deformado por la Asamblea Nacional y un veto presidencial. Nadie tiene empatía con esas víctimas de la violencia.
Tampoco hay empatía en la justicia, pues ni el uno por ciento de las denuncias de violación llega a sentencia y las niñas y mujeres que sufren su impacto, se vuelven víctimas por segunda ocasión, la primera por una sociedad que no las supo proteger de la violencia y la segunda, por una justicia que no reparó el crimen. Y las historias como la de la niña estudiante del colegio Dillon se repiten. Como consecuencia, según el exjuez de la Corte Constitucional, el catedrático Ramiro Ávila: “Cuando hay impunidad judicial, se genera desconfianza en la ciudadanía en relación con la institucionalidad del Estado y la sensación de injusticia y no reparación de las víctimas”. Y esto seguramente sienten las niñas como la alumna del colegio Dillon.
