Indignación

sábado, 18 julio 2020 - 12:11
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    POR PATRICIA ESTUPIÑÁN
     
    Julio 10, en las redes sociales  un familiar de un paciente crítico de COVID-19 pide el medicamento Actemra (Tocilizumab).  El pedido recuerda la desesperación vivida en Guayaquil durante  los meses de marzo y abril, cuando el coronavirus fue un vendaval  de muerte, que se llevó a 9 mil personas, algunos que no resistieron el  virus y otros porque la saturación  hospitalaria impidió atenderlos.
     
    En ese mismo tiempo, por redes  sociales y whatsapp, Abraham Muñoz, el entrenador y amigo de Daniel Salcedo, uno de los implicados  en las ventas fraudulentas de insumos y medicinas en hospitales públicos, lo entregaba por mil dólares. El  medicamento era propiedad del IESS  y fue donado por la empresa Roche.  Sin embargo, escaseaba para los enfermos de estos hospitales, porque  una red criminal los robaba y vendía. Muñoz fue reconocido por personas que le compraron el medicamento cuando fue a declarar en contra de  Daniel Salcedo, porque había utilizado su nombre para viajar al Perú donde se accidentó en una avioneta.
     
    Para calificar con una discapacidad del 85 por ciento, Félix, quien  sufría del mal de Parkinson, que lo  mantenía atado a una silla de ruedas  y necesitaba de asistencia permanente para cumplir con sus necesidades  más elementales, tuvo que someterse a rigurosos exámenes y a las visitas  de trabajadoras sociales en un proceso que duró más de un año. El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz,  tiene casi igual porcentaje de discapacidad, supuestamente visual, pero  realiza sus actividades en el Consejo  sin ninguna asistencia.
     
    Para quien ha perdido durante la  pandemia a familiares, amigos o conocidos, resulta abominable que sus  seres queridos no tuvieron el medicamento porque una red lo sacó del  hospital del IESS y lo vendió. Y  para aquel que tuvo que seguir los tortuosos trámites  y fue vejado en su fragilidad  física o aquel que todavía no ha alcanzado que le emitan un carné  que le permita pagar la mitad de un  pasaje en transporte público, es una  afrenta imperdonable que personas  por conexiones políticas, lo obtengan  para adquirir vehículos de alta gama  y no pagar impuestos.
     
    La memoria social suele ser frágil, pero estos casos no deben olvidarse porque constituyen un atentado contra la dignidad humana. Para  los ladrones de los insumos, que la  justicia los condene a la cárcel por  largos años, y para los funcionarios que obtuvieron carnés de forma fraudulenta, la muerte política.  Si tienen algo de dignidad presenten  su renuncia: han perdido su credibilidad para el cargo que ocupan.

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