Reputación institucional
El Gobierno tiene razón al defender la reputación de la Policía Nacional como una institución indispensable para el funcionamiento del Estado, ahora que le ha estallado uno de los escándalos más graves y repudiables. Es la desaparición de la abogada María Belén Bernal en los cuarteles de la Escuela Superior de Policía, a vista y paciencia de una improvisada y macabra cadena de mando que habría operado a favor de un agresor que hoy está prófugo por los errores procedimentales tanto de la Policía, como de la Fiscalía.
Mientras estas dos entidades, así como el Gobierno reaccionan de forma reactiva y tardía, como todo lo que ocurre en este país, y tratan de enderezar sus equivocaciones, incluso discursivas, en la retina de los ecuatorianos se ha grabado la desesperación de la familia de Bernal, mientras se alimenta una peligrosa ola de repudio e invalidación a una Policía que hoy tiene la misión más importante de su historia: el combate al crimen organizado y la pacificación de varias zonas del país expuestas a esta tragedia fulminante.
Como el presidente Lasso y la cúpula policial no pueden permitir que este episodio se convierta en un nuevo caso Restrepo, su cruzada reputacional debe ir más allá de las consignas y las promesas momentáneas para bregar por el esclarecimiento de lo ocurrido y que la búsqueda de María Belén convenza al país de que no habrá encubrimientos ni impunidad.
Para eso se necesita autoridades de convicción democrática, liderazgo y mucha pedagogía. Sí, mucha pedagogía, porque la sociedad ecuatoriana, repleta de frustraciones, ha permitido que sus élites, activistas, dirigentes y líderes de opinión, caigan en el camino fácil de buscar la demolición de todo, mientras las mafias y el autoritarismo se frotan las manos con su intención de recuperar lo que más les interesa: la impunidad.
Por eso, la manera en la que el correísmo, el PSC y el servicial Virgilio Saquicela han manoseado a la Asamblea Nacional para mantener abierta la reconsideración del fallido voto de censura a la Judicatura, puede replicarse otra vez ahora que al juicio político que se cocina en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, se deforma por la sed de justicia que provocará el caso Bernal.
No en vano, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, de forma peligrosa e irresponsable, ha unido dos hechos disímiles: esta desaparición, y el desempeño de Carrillo -articulando el uso legítimo de la fuerza- en el paro indígena de junio, para tener 92 votos y debilitar la cartera del Interior, en medio de la sangrienta estela de violencia causada por el narcotráfico.
Es muy pronto para saber si el Gobierno articulará una narrativa convincente sobre este caso que, si se lo maneja con transparencia y, como denuncia la madre de Bernal, impide los espíritus de cuerpo dentro de la Policía, abonará a su prestigio institucional.
Lo que no está claro todavía es cómo toda esta corriente de activistas y políticos que deben velar por los derechos humanos de Bernal y su familia, logran tomar distancia de aquellos que sueñan con una pira general en medio de la plaza, para que los pecados de los mafiosos y los corruptos se expíen sobre las cenizas de lo poco que queda en el Ecuador.
