Otra puerta abierta...
A juzgar por las últimas declaraciones de Hernán Ulloa, en el sentido de que la Asamblea ya no puede forzar una nueva correlación de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana, el correísmo quedó bloqueado. Así, su incidencia en el quinto poder estará supeditada a cómo le vaya en las elecciones de febrero, recordando que, para mayo de 2023,cuando se posesionen los nuevos consejeros, ya se habrá designado un nuevo contralor.
Pero es una conclusión apresurada suponer que,sin el Cpccs en el bolsillo, el expresidente perdió la posibilidad de reorientar a los organismos de control en función de algún escenario para su retorno.
La nueva ruta podría salir de la Corte Constitucional, por la forma en la que el correísmo ha recuperado espacios, a nivel de asesorías estratégicas. María del Mar Gallegos, quien trabaja para la jueza Karla Andrade, fue abogada de Alexis Mera. Andrés Segovia, asesor del presidente Alí Lozada, fue secretario de la Judicatura de Gustavo Jalkhy secretario de la Asamblea con Fernando Cordero. Gustavo Chiriboga, quien trabajó con Marcela Aguiñaga en la Asamblea, hoy asesora a Richard Ortiz, uno de los magistrados de la reciente renovación por tercios.
A muchos ha preocupado que Gallegos estuviera interesada en el foro internacional que el correísmo patrocinó con el jurista argentino EugenioZaffaroni y el español Baltasar Garzón para lavarse la cara en el caso Sobornos, al que buscan aplicarle un recurso de revisión, como lo ha confirmado la propia Pierina Correa.
Aquí parte un posible camino para el retorno. Desde hace varios meses, la Corte Constitucional ha tejido con paciencia toda una jurisprudencia alrededor del principio del doble conforme. Esdecir, la posibilidad de que una persona considereque le fueron vulnerados sus derechos al ratificársele una condena en segunda instancia. En la sentencia 1965-18-EP/21 se asegura que este principio puede ser abierto de oficio por la propia CorteConstitucional, pese a que la Ley de Garantías no lo posibilita. Es más, dicha sentencia dispone a la Corte Nacional de Justicia instrumentalizar una resolución que afine el derecho al doble conforme, tarea que debiera ejercerla la Asamblea por su facultad legislativa. Ha llamado la atención, por tanto, que Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional, calle ante esta intromisión por parte de los magistrados constitucionales.
La Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de recursos extraordinarios de protección, alrededor del caso Sobornos, que los empresarios Rafael Córdova y Bolívar Sánchez plantearon y a los que buscarían sumarse Correa y compañía, aludiendo su vulneración en cuanto al doble conforme, para ver si por ahí se licúan sus condenas.
Los ojos no solo se posan en la actuación que magistradas como Karla Andrade, jefa de Gallegos, podría tener. Sino también en cómo se pronuncien Daniela Salazar, una de las magistradas que con más fuerza ha defendido el doble conforme y los nuevos jueces Richard Ortiz, exasesor de Mauro Andino, y Jhoel Escudero, asesor del juez Roberto Brunis, cuando la Corte estaba bajo la conducción de Patricio Pazmiño, hombre indiscutible del correísmo.
