Los Socialcristianos y la justicia
El partido de Jaime Nebot es una bisagra y desde esa posición, aceitada con paciencia desde los años de Sixto Durán-Ballén, ha podido estrangular gobiernos o concederles el alivio, según la cantidad de poder que los pobres presidentes llegan a transferirle como tabla de salvación.
Guillermo Lasso sabe que por ahora al Partido Social Cristiano no le interesa su caída, aunque sí su fracaso. De esta manera, la lista 6 se saca la etiqueta de golpista, mientras la pésima operación política del Régimen le permite ganar influencia en otras funciones del Estado como la justicia.
En los próximos días, el juicio político contra la expresidenta y tres integrantes del Consejo de la Judicatura pasaría al Pleno de la Asamblea. La Constitución dice que para su destitución se necesitan 92 votos: 2/3 partes del hemiciclo.
El argumento del correísmo, como bloque acusador, es que los interpelados incumplieron sus funciones al evaluar, con irregularidades, a los jueces de la Corte Nacional en 2019. Para este cometido, necesita el apoyo del PSC y de todas las facciones de Pachakutik.
Desde el banquillo, los acusados aseguran que debieron evaluar a los jueces porque la Judicatura transitoria que los antecedió no hizo su trabajo, pese a la orden del Consejo de Participación de Julio César Trujillo y al mandato popular que la consulta de 2018 le otorgó para limpiar al país de la corrupción y el autoritarismo que el correato sembró en los poderes del Estado.
El fallo constitucional que cuestionó la temporalidad del proceso, mas no las atribuciones de la Judicatura, puso candela a este juicio político en el que el PSC moverá la bisagra arriesgándose a que su reputación quede en el piso de la democracia.
El escenario es clarísimo. Si la Revolución Ciudadana tiene la posibilidad de controlar la Judicatura, desde ahí podría entablar procesos de evaluación y nombramiento de nuevos jueces, con la talla intelectual y moral a la que nos acostumbró Gustavo Jalkh, cuando Correa metió las manos en la justicia.
Un cambio radical en el mapa de jueces ecuatorianos puede dar paso a que se revisen los casos sentenciados de corrupción que tienen a Jorge Glas en la cárcel y a Rafael Correa en un ático en Bélgica.
Se necesitan 92 votos para avanzar en la agenda de impunidad de la que, torpemente, Lasso se desmarcó el 14 de mayo de 2021 al romper con el PSC de la peor manera, pues minó los vínculos políticos con el aliado que facilitó su victoria electoral.
Nebot ha insistido hasta el cansancio que el plan de gobernabilidad que se delineaba entre su partido, la Revolución Ciudadana y el naciente Régimen no buscaba revisar juicios ni, vía comisiones de la verdad, traer a Correa de regreso.
Pues bien, la única manera de comprobar la seriedad del exalcalde de Guayaquil ante un tema tan delicado como la impunidad, es viendo al PSC apartarse de este juicio político.
Caso contrario, el Ecuador puede vivir un nuevo episodio de ruptura democrática como el de 2004-2005, cuando la imagen de mandamás de la justicia que tenía Febres-Cordero estalló por los aires, colapsó la presidencia de Lucio Gutiérrez y comenzó el ascenso correísta. El PSC puede terminar como el tonto útil de una nueva tragedia.
