Tragedia del patrimonio público

jueves, 11 abril 2019 - 08:01
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    La consulta popular del cantón azuayo de  Girón en contra de la minería refleja rechazo  al ineficaz sistema actual para evitar la contaminación. Sin embargo, al prohibir la minería,  confunden totalmente el origen del problema. Su  rechazo a la minería no corrige las falencias del actual sistema de manejo del patrimonio público, no  detiene a la minería informal ni tampoco protege a  los ciudadanos de futuros casos de contaminación.  Expliquemos porqué.
     
    El problema nace del actual sistema en donde el  Estado es el dueño de los recursos naturales. Cuando el Estado es el propietario, por ejemplo del agua,  en la práctica no existe dueño en términos económicos. Los funcionarios públicos no son propietarios  del valor de esos bienes porque no pueden vender ni  colocar acciones sobre el recurso. Entonces aparecen  incentivos perversos. Al no tener la propiedad del  recurso, el incentivo es extraer el máximo beneficio  en su uso, destruyendo su valor en el largo plazo.  Esto sucede, por ejemplo, cuando se otorga un exceso de licencias para explotación maderera sin tomar  en cuenta el tiempo que requieren los bosques para  su regeneración.
     
    Tampoco ayuda la moral utilitaria que estipula  que aceptemos una cantidad determinada de contaminación en beneficio del “bien común” o de la  política pública (que normalmente no representa los  intereses de los ciudadanos, sino de los políticos).
     
    ¿Cuál es la alternativa? Contaminación es enviar  sustancias nocivas a la propiedad del resto de ciudadanos, sin contar con su permiso. Si los recursos  fuesen privados (propiedad individual, comunitaria,  asociativa o cualquier otra forma), sus propietarios  serían quienes tengan el derecho a defenderlos de  los ataques con desechos y contaminantes. Pero  estos propietarios no podrían oponerse a las actividades productivas que se realicen en localidades que no sean de su propiedad. Por ejemplo, una comunidad puede prohibir la utilización de tractores en sus  terrenos, pero no lo puede hacer en tierras de otros  dueños. Solo entrarían en conflicto cuando existan  casos reales de invasión vía contaminación, en cuyo  caso tendrían el derecho a reclamar ante la justicia  una indemnización para resarcir el daño provocado.
     
    La tecnología para controlar las emisiones y los  derechos de propiedad privada son los mecanismos  más efectivos para resguardarnos de la contaminación. Se debe defender los derechos de propiedad  por encima del arbitrario “bien común”. Este principio aplica no solo a la propiedad privada individual,  sino también a otras formas como la comunitaria,  que a través de la cooperación puede generar de  manera espontánea reglas exitosas para explotar  responsablemente los recursos de su propiedad evitando su colapso (y sin regulaciones estatales).
     
    Usar al Estado para prohibir la minería en ciertas  zonas es ineficaz para proteger a los ciudadanos de la  contaminación, porque mantiene vigentes los incentivos perversos del actual esquema del patrimonio  público. Debemos ir hacia un sistema de propiedad  privada de los recursos naturales que permita que  las decisiones productivas recaigan en sus legítimos  dueños sin impedir su deseo de generar riqueza, pero  que al mismo tiempo proteja de la contaminación.

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