El costo del ajuste
La racionalización de los subsidios es necesaria. Pero si se continúa cargando de costos a la producción, se acentuarán los problemas de competitividad de la economía.
La proforma fiscal para 2016 dejó claro que no se abandonará el modelo de impulso de la economía desde el sector público a pesar de que los bajos precios del crudo nos dejaron sin ingresos petroleros. Además, el presidente Correa descartó una reducción en la burocracia.
El Gobierno busca adaptarse a este escenario con una nueva medicina: reducción en 3.600 millones de dólares en la inversión pública y más endeudamiento para cubrir un faltante presupuestario de 6.600 millones. La receta no incluye un recorte en el gasto corriente.
En caso de conseguir todo el financiamiento deseado, el sector público podrá aplazar el ajuste por otro año más. Muy oportuno para enfrentar las próximas elecciones presidenciales sin el costo político y social del ajuste.
Pero con menores recursos en las arcas fiscales, ¿cómo pagar las cuentas? El Gobierno propone que las asuma el sector privado. Entre los mecanismos que va a utilizar está la eliminación de subsidios a la industria y al comercio: en combustibles por 338 millones y en electricidad por 120 millones. También desaparecerá el subsidio al transporte interprovincial por 44 millones.
Según la proforma, se incrementará la recaudación del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. En una economía anémica, la única manera de lograrlo es a través de nuevas reformas tributarias. Están en carpeta proyectos para ajustar el impuesto a la herencia y a la plusvalía. El presidente Correa anunció que habrá cabida para la “creatividad”: en materia tributaria desea cobrar por el “exceso” de consumo de agua.
Sin embargo, pasar la cuenta del ajuste al sector privado tiene su precio. Los productores cuyos costos de producción se incrementen, intentarán transferir la cuenta al consumidor. Una mayor presión tributaria retirará recursos del sector privado y debilitará las ventas. La racionalización de los subsidios es necesaria para evitar el desperdicio de recursos. Pero si se continúa cargando de costos a la producción, se acentuarán los problemas de productividad y competitividad de la economía ecuatoriana.
El costo del ajuste no lo debe pagar exclusivamente el sector privado. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad de haber expandido el tamaño del Estado más allá de lo prudente y adoptar sin demora las medidas correctivas. Ahora es cuando un “fondito” de estabilización petrolera nos habría ayudado a amortiguar la caída.
Tampoco se puede seguir negando la difícil situación económica que atraviesa el país. Evitar el ajuste fiscal prolongará el periodo de bajo crecimiento. Según la proforma, en los próximos cuatro años la economía ecuatoriana crecerá por debajo de su potencial.
La medicina que nos receta el Gobierno permitirá mantener por un año más el empleo en el sector público, pero no servirá para contener la destrucción de empleos privados que empezó el primer trimestre de este año. Necesitamos una nueva fórmula que impulse la inversión privada y la generación de empleo.
