Acabemos la segregación
Alberto Acosta-Burneo lunes, 28 octubre 2019 - 10:20
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Las recientes manifestaciones han puesto en evidencia un grave problema de la sociedad ecuatoriana: la segregación. Hasta ahora, políticas bienintencionadas han perpetuado la segregación a través de derechos que solo aplican a los indígenas y no al resto de ciudadanos. La Constitución reconoce la existencia de un Estado plurinacional y una infinidad de derechos específicos para las comunidades indígenas. En pocas palabras, las leyes ecuatorianas, en su afán de restitución del abuso histórico sufrido por estos grupos, han creado un mundo paralelo, solo para ellos. Un mundo que ha perpetuado su pobreza.
El problema de fondo es que, en Ecuador no existe igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Existen leyes paralelas y específicas para los indígenas que parece fueron concebidas para conservarlos alejados de la “maldad” de la civilización y mantenerlos en su estado originario. Pero, la otra cara de la medalla de la vida “idílica” en la naturaleza es: la pobreza, la enfermedad, la falta de educación y de oportunidades. Esta es la realidad que tenemos que cambiar para evitar que se repitan nuevas irrupciones violentas y destructivas como las vividas durante las recientes protestas. ¿Cómo lograrlo?
El primer paso es desterrar la segregación de la Constitución y de la ley, para que garanticen la igualdad ante la ley (y que la ley sea única para todo ciudadano). La defensa del derecho a la vida, libertad y propiedad no puede tener distinciones de ningún tipo por criterios de etnia ni religión.
De igual manera, todos los ciudadanos deben tener las herramientas para generar ingresos y satisfacer sus necesidades. Esto se alcanza garantizando de manera efectiva el derecho a la propiedad privada que puede tener infinidad de formas: individual, comunitaria, asociativa, etc. Esto significa, que los propietarios tengan el poder de decidir (individual o colectivamente) sobre sus bienes: venderlos, usarlos, donarlos, etc. La propiedad debería incluir también el subsuelo como es el caso de Canadá y Estados Unidos. Todo propietario de un terreno debería poder decidir cómo utilizar sus recursos del subsuelo y el Estado se beneficiaría por las regalías que obtendría de este uso (sin necesidad de ser propietario del recurso). Este modelo de propiedad reducirá los conflictos e incentivaría el uso sostenible de los recursos naturales, la inversión privada, el acceso al crédito y la innovación.
Dejemos de tratar a los indígenas como una reliquia del pasado que hay que preservar, y que pasen a ser individuos libres con herramientas para buscar su propio bienestar. Que adopten nuevos métodos de producción para ser autosuficientes y se transformen en propietarios, inversionistas y empresarios. Que decidan sobre su vida y propiedad sin depender de decisiones políticas locales, nacionales ni extranjeras. Que se integren a la sociedad y puedan aprovechar las oportunidades que esta brinda para alcanzar mayor bienestar.
