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Opinión, Alfredo Pinoargote

Alfredo Pinoargote

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Viernes, 17 de Agosto de 2018 - 09:06
El guillotinamiento masivo de los entes de la dictadura correísta por el consejo transitorio de participación ciudadana, la liberación de jueces y fiscales secuestrados por histórico error inexcusable, la supresión de la ley mordaza, el desvelizamiento de la corrupción en la contratación pública, los avances en las aspiraciones de las organizaciones sociales, y la aprobación del plan económico para los 3 años que restan a Lenín Moreno, por la nueva mayoría móvil de la Asamblea que arropa en globo y por partes a todas las bancadas, evidencian una singular compactación política.
 
Esto es un logro notable del gatopardo que todo ha cambiado sin que nada cambie, puesto que la compactación se ha efectuado sobre un pantano deleznable con materiales diversos y a diferente profundidad, en ciertos tramos casi sobre la superficie mientras queda por ver que no se construye un castillo de naipes. El problema es que la gravedad de la situación y la calidad de la materia prima no da para más. Mientras no faltan charlatanes que presentan a inversionistas chinos que quieren comprar en 30 mil millones de dólares el paisito, pero arguyen que por desgracia no se puede por la camisa de fuerza legislativa que implantó Correa. Y ahí está el meollo del asunto, no de la retroventa del estado sino de la compactación.
 
En todos estos cambios espectaculares del gatopardo el denominador común es que no ha cambiado nada. Algo de locos pero viable en una república de papel. Los entes del correísmo han sido descabezados, gran mérito sin duda, pero las nuevas cabezas aunque transitorias no salieron de la noche a la mañana, y también tienen origen imperfecto. Entre tanto, los nuevos serán designados por el mismo método que se censuró, concursos, con cambios artificiales. La liberación de jueces y fiscales es un hecho pero en el montón sobreviven algunos que a la hora de las medidas cautelares se olvidan de ordenar la prohibición de enajenar, de cajón en peculado. La ley mordaza no se aplica pero todavía existe.
 
Se desnuda la corrupción en contratación pública pero se sigue contratando a dedo, llave en mano, Swiss Challenge, giro específico de negocios, y sin informe previo de Contraloría. Las organizaciones sociales no son criminalizadas por la protesta social y a cuenta gotas son atendidas, mientras cifran expectativas en los concursos de los entes guillotinados.
 
Por su lado, la ley urgente es trole con sesgo clientelar que apuesta al crecimiento económico permitiendo el endeudamiento del Gobierno, con medidas laxas de austeridad y decrecimiento en tamaño del Estado en salarios, subsidios y servicio de la deuda. Cuando a los grandes contribuyentes petroleros se perdona intereses, mora, multas y recargos en sus deudas al fisco, y se estimula nuevas inversiones de compañías existentes previa firma de exenciones y rebajas con el Gobierno. Así queda la puerta abierta para que la ciudadanía pague la apuesta. Todo cambia pero nada cambia.