Decenas de jóvenes fueron contratados a través de anuncios en redes sociales, en los cuales se mencionaba la búsqueda de “gestores de cobranza” en Quito.
La institución informó que Jeremy J. B. fue procesado por presunta tenencia y porte no autorizado de armas y dispuso una revisión de la actuación del equipo fiscal.
El grupo investigado habría utilizado información de usuarios de aplicaciones de préstamos para realizar cobros mediante intimidación y amenazas. La audiencia de juicio directo fue fijada para el 14 de septiembre.
