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Otro hospital, investigado por sobreprecios en compras de mascarillas y bolsas para cadáveres

miércoles, 6 mayo 2020 - 04:06
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En el marco de las investigaciones que se están realizando en los hospitales públicos, del IESS y del ISSFA, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó a la Fiscalía General del Estado de una compra con posibles sobreprecios que hizo el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2. 
 
Según una carta enviada por Romo a la fiscal Diana Salazar, este hospital habría adquirido 400 bolsas impermeables para cadáveres COVID-19 en 130 dólares la unidad, además de 5.000 mascarillas N95 a un costo de 10 dólares la unidad. 
 
“Ante los antecedentes expuestos envío a usted la información a mi disposición para que se dé el trámite legal correspondiente y se determine si esta adquisición constituye delito”, indica la misiva. 
 

 
Esta denuncia surge después de revelarse que el Hospital General Los Ceibos, de la red centros médicos del IESS, realizó el pasado 9 de abril una compra a un precio doce veces más alto que el de mercado, propiciando la intervención de la Fiscalía. Malgastaron casi 600.000 dólares en compras de bolsas para cadáveres, a 148 dólares cada bolsa.
 
Este caso es investigado por la Fiscalía, que detuvo este lunes 4 de mayo a cuatro personas relacionadas al proceso de adjudicación. 
 
Pero este no es el único escándalo de sobreprecios dentro del IESS durante la emergencia sanitaria. En marzo, el expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, anunció la remoción de todos los funcionarios involucrados en la compra de insumos médicos con sobreprecios, en un contrato de más de $ 10 millones en favor de la empresa Almantop S. A., el Consejo Directivo separó del cargo a Ángel Loja Llanos, director general de la institución.
 
Por otro lado, el Hospital Eugenio Espejo de Quito pretendió comprar equipos de laparoscopía a una empresa dedicada a la publicidad y estudios de mercado. La transacción iba a realizarse por 3,2 millones de dólares. 
 
El exgerente del hospital, Pablo Izquierdo, autorizó el contrato a mediados de abril pero el 30 de ese mes cambió su decisión y emitió el acta con el que declaró desierto el proceso, un día antes de ser removido.
 
A causa de estas denuncias, el presidente Moreno dispuso la creación de un sistema de compra y distribución de medicamentos y bienes estratégicos para el sector de la salud conforme a un decreto presidencial que busca combatir la corrupción y ahorrar 400 millones de dólares al Estado.

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