16 mil licencias ilegales se emitieron en solo dos meses
Diana Romero viernes, 16 marzo 2018 - 09:11
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A causa de un hackeo en los
sistemas del Consejo Nacional de Tránsito, s e emitieron 16 mil licencias de conducción en solo dos meses. El organismo aceptó que su sistema es vulnerable y admitió que se ha ingresado en él con fines dolosos.
Según se informó, las redes de corrupción aprovechaban las vulnerabilidades del sistema informatico de la Agencia Nacional de Tránsito que, según su director, Pablo Calle, era facilmente hackeable. Aprovechando esta debilidad, únicamente entre diciembre y enero se emitieron 16.000 licencias ilegales, de las cuales 4000 son profesionales. También se modificaron casi 16 mil infracciones de tránsito y cerca de 28 mil puntos de licencias.
Una de las formas en las que actuaban estas redes era a través de funcionarios de la ANT o de los municipios con competencias en tránsito, quienes autorizados para ingresar al sistema, cambiaban las bases de datos. Esto porque tampoco había un sistema para corroborar la legalidad de los movimientos. La segunda opción era usar, sin autorización del usuario, su clave de acceso, para ingresar ilegalmente al sistema, hackeandolo desde cualquier lugar.
Una tercera vía era desde cualquier parte del país, usando software ilegal para violentar las seguridades del sistema y, con direcciones virtuales en cualquier parte del mundo, modificar las bases de datos.
Todo esto fue posible porque, según Calle, además de la debilidad del sistema, no existía un mecanismo para corroborar que los trámites registrados, cuenten con los respaldos legales. De esta forma, la ANT detectó que habían 2200 usuarios del sistema en varias partes del país y que de ellos, 1160 aún no están identificados.
Por eso, desde febrero la ANT solicita a los municipios el listado de los funcionarios autorizados para ingresar al sistema. Pero 18 gobiernos municipales aún no han respondido. Si no lo hacen, desde este lunes perderán acceso a los servicios.
El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía. De acuerdo al código penal en el caso de falsificación de documentos, tanto los falsificadores como quienes solcitan sus servicio pueden ser sancionados con prisión de hasta siete años.
