Judicatura detalla acciones para proteger a jueces, servidores y usuarios de amenazas
Debido a las amenazas vinculadas directamente con delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, el Consejo de la Judicatura (CJ) informó sobre las últimas acciones para fortalecer la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia.
Este jueves 17 de noviembre, el organismo detalló que la mesa interinstitucional conformada en septiembre de este año, integrada por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el CJ, ha adoptado medidas "para garantizar la seguridad e integridad de todos los servidores judiciales a nivel nacional".
Según la institución, desde octubre se realizan patrullajes preventivos diarios a las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
De la misma forma, como resultado del trabajo de la mesa, el CJ conjuntamente con la Policía Nacional, programaron inspecciones técnicas en las dependencias judiciales para identificar las posibles amenazas, establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados.
Para el cumplimiento de esta y otras acciones, se ha instruido a los directores provinciales del CJ que, con base en las necesidades propias de sus provincias, mantengan reuniones permanentes de coordinación con los jefes zonales de la Policía Nacional y con los delegados de la Escolta Judicial, para implementar acciones preventivas de seguridad en los perímetros de los edificios institucionales que lo ameriten.
Asimismo, el 7 de noviembre pasado, se dispuso a las Direcciones Provinciales que, dependiendo de la realidad y circunstancias de cada jurisdicción, se analice la pertinencia de brindar atención a la ciudadanía bajo la modalidad de teletrabajo.
Seguridad individual para servidores judiciales
En abril de este año la Dirección General del CJ aprobó el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.
En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes.
