Estudiantes exigen eliminar examen de ingreso auniversidades: "No se puede seguir cambiándole nombre"
La mañana de este 22 de junio, jóvenes de distintas organizaciones estudiantiles universitarias hicieron la entrega de una propuesta de reforma para la Ley Orgánica de Educación Superior. El asambleísta Salvador Quishpe fue el encarado de recoger este pedido, quien argumentó que se está escuchando a los distintos sectores que preparan reformas para el proyecto de ley.
De acuerdo con un vocero de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), esperan que la nueva ley pueda brindar el libre ingreso a las universidades, el mismo que para ellos, “ha sido violentado por la actual Ley Orgánica de Educación Superior”.
“Este documento recoge las propuestas y los anhelos de los estudiantes para conseguir una universidad democrática, donde los estudiantes puedan elegir a sus autoridades y que goce de presupuesto adecuado”, indicó.
¿CUÁLES SON LAS REFORMAS?
La presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Scarlett Tamayo, indicó que una de sus propuestas más fuertes es eliminar el examen estandarizado de ingreso a la educación superior. Tamayo dijo que “no se puede seguir cambiándole de nombre y dejar que más de 1.600.000 jóvenes se queden fuera de las universidades”.
La propuesta está complementada con tres elementos principales: Aumentar el presupuesto de los centros de educación superior, un nuevo modelo de examen de ingreso y orientación vocacional oportuna.
La idea es que, si se aumenta el presupuesto de las universidades, podrán ampliar su oferta académica, contratar más docentes y administrativos y crear más plazas de estudio. Según el Ministerio de Educación, de 2019 a 2020, en el país se graduaron 302.354 bachilleres. En ese mismo año (dos semestres), se ofrecieron 216.129 cupos en Universidades públicas del país, de acuerdo con el exsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) de ese periodo, Agustín Albán.
Sin embargo, también existen los rezagados, quienes no han pasado los exámenes y se ven obligados a internarlo varias veces. Los representantes estudiantiles indicaron que los exámenes estandarizados dejan a la juventud fuera de las universidades, por lo que proponen un curso de nivelación que tenga un valor del 80% sobre la nota final y una evaluación de conocimiento, que represente el 20% restante del puntaje para acceder a la educación superior.
También apoyan la orientación vocacional mencionada por la Senescyt en complemento al examen ‘Transformar’, pero señalaron que esta se debe dar desde la secundaria para evitar los altos niveles de deserción en algunas carreras. Los datos más actualizados (del 2019) dicen que el 30% de los universitarios terminan abandonando sus carreras.
Asimismo se habló del examen de habilitación profesional para los estudiantes de las áreas de la salud. Denisse Cevallos, representante de los afectados por esta prueba, informó que existen 2 mil profesionales no habilitados para ejercer. Solicitan así que esta evaluación no sea punitiva, sino que permita diagnosticar el estado de su rendimiento con base en su malla curricular para que se mejore el nivel profesional de la carrera.
SOBRE LAS AUTORIDADES
El presidente de la Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, Roberto Rodríguez, manifestó que en las reformas también se incluye una cláusula para la elección de las autoridades y los empleados.
“Creemos importante que estas reformas funcionen como una catapulta para que se mejore la educación superior y haya democracia en las universidades y las autoridades de las diferentes facultades sean electas y no designadas”, explicó.
Aspiran a que los empleados puedan tener estabilidad laboral y que tengan la oportunidad de capacitarse y formarse a través de títulos.
AUTONOMÍA
Estudiantes y docentes exigen a las autoridades que se respete la autonomía universitaria. El vicepresidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FEPUPE) dijo que se en la reforma se plantea la devolución de aquel derecho a los centros de estudio de educación superior y que se establezcan presupuestos de calidad.
“No es posible que las universidades sean o no intervenidas a por decisión de uno o dos iluminados. Por eso decimos que la universidad pública no debe estar al servicio de ningún interés político del Gobierno nacional”, expresó.
