¿Cómo surgen los vínculos de los Bucaram con las compra de insumos médicos a sobreprecio?
La sospecha contra los Bucaram detrás la corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil empezó cuando la Policía Nacional, junto con la Fiscalía indentificaron a Daniel Josué Salcedo Bonilla, con orden de captura acusado de peculado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecios en el Hospital de los Ceibos, en Guayaquil.
Salcedo es un joven empresario, accionista de 10 compañías domiciliadas en la ciudad.
Ocho de esas empresas fueron creadas en el 2018 y una de ellas es SABUPI S.A. dedicada al negocio de restaurantes y bares.
Según la superintendencia de compañías se suscribió con un capital de $800 y tiene como principal accionista a Michel Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.
Desde entonces empezaron a estar en la mira las empresas fantasma que manejarían las contrataciones en los hospitales, publica Ecuavisa en un reportaje durante uno de sus noticiarios.
Luego se reveló que las compras adjudicadas estaban en poder de la familia Llerena Candela, quienes habrían recibido 46 contratos por $7,7 millones entre el 2012-2019 en los hospitales del IESS.
Una de las integrantes de esa familia es María Gabriela Llerena Candela, esposa de Jacobo Bucaram Pulley en el 2018, año en el que los contratos que recibió crecieron.
Las investigaciones de la Contraloría General del Estado pusieron en la mira a Jorge Enríques Aguilera, exjefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo quien en 2018, en un solo día, aprobó la compra de casi 5 millones de dólares de insumos médicos.
Por esto, la Contraloría en un informe lo señaló con indicios de responsabilidad penal.
Jorge Henriques Aguilera también fue tesorero del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) además fue asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño en el 2011 mientras que en 2014, trabajó como asesor del reemplazo del entonces asambleísta Dalo Bucaram Pulley.
Estos indicios ahora son clave para las autoridades judiciales que investigan peculado en los negocios que se realizaban en los hospitales del Seguro Social, incluso ahora en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
