Cien pruebas documentales presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en el séptimo día de audiencia de juzgamiento contra 21 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.
Según la FGE, la prueba documental, organizada en veintiún folders y siete carpetas, contiene abundante documentación que confirmó la relación contractual de las empresas –cuyos representantes son procesados en esta causa– con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional del Agua y varias entidades de los Sectores Estratégicos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio lectura a aproximadamente 150 contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras y una serie de procesos irregulares de contratación entre entidades del Gobierno y las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, TGC, SK Engineering, Odebrecht, entre otras, varias de las cuales evitaron procesos ordinarios y facturaron millones de dólares con el Estado.
A través de varios documentos, también se sustentó que los procesados mantuvieron algún tipo de relación de dependencia con las empresas vinculadas al caso Sobornos 2012-2016.
Además, Fiscalía presentó 135 facturas que corroborarían que las empresas –cuyos representantes forman parte de los veintiún procesados– cancelaron a las proveedoras de servicios del movimiento Alianza PAIS y del Gobierno anterior.
Asimismo, se expuso documentación que indica que once de los procesados eran funcionarios públicos cuando se cometió el delito.
La Fiscalía General del Estado concluyó la fase de presentación de pruebas en el caso Sobornos 2012-2016 sin utilizar a todos sus testigos. Esto llamó la atención ya que solo comparecieron 34 declarantes de los 160 que habían anunciado. La fiscal general, Diana Salazar, lo explicó ante la prensa.
"Con estos 30 tenemos la suficiente prueba para comprobar la teoría del caso. Que se trata de una estructura criminal, según lo demostró una perito técnico-científica, que operó entre los años 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas ser beneficiarias de contratos", aseguró Salazar.
En estos siete días de audiencia, Fiscalía ha presentado treinta y cuatro pruebas testimoniales (entre testigos, peritos y tres testimonios anticipados) y 100 pruebas documentales, con lo que pretende comprobar la teoría del caso expuesta al inicio de la diligencia, que se desarrolla en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.