El 31 de julio de 2009 se instauró oficialmente la Asamblea Nacional y, según la primera transitoria de la Constitución, tenía 365 días para aprobar y emitir catorce leyes trascendentales para el país.
Sin embargo, a pocas horas de vencerse ese plazo, sólo se han aprobado siete, el 50% de las denominadas "leyes prioritarias" entre las que se encuentran la de Control Constitucional, Participacion Ciudadana, Defensoría Pública, Registro de Datos, Policial y Militar, y de Seguridad Pública. A estas se sumó recién ayer la Ley del Deporte.
Ante los fuertes cuestionamientos, proyectos como los de Recursos Hídricos, Educación General y de Cultura serán socializados a través de una consulta pre legislativa, para que se pueda incluir los aportes de los grupos involucrados en su funcionamiento.
Diferente panorama para proyectos como el de Organización Territorial, Educación Superior, Servicio Público y el de Comunicación -éste último con más de 10 meses de debates- cuyos tratamientos quedaron prácticamente en el limbo.
Fernando Cordero, titular de la Función Legislativa, indicó que dichas leyes quedaron pendientes "porque no se votan, todas por mejorar la calidad".
Además, destacó la actitud que ha tenido el Consejo de Administración Legislativa, entidad encargada de precalificar los proyectos. "Es una entidad absolutamente diferente, esta no es la continuación de los congresos", dijo Cordero al tiempo que resaltaba el nuevo reglamento de la Función Legislativa, ahorro de recursos e implementación de tecnología del primer mundo en el plenario.
Puntos débiles
Sin embargo, para el constitucionalista Julio César Trujillo el trabajo de la Asamblea Nacional no ha sido eficaz. "El régimen de transición les asignó una tarea que no la han cumplido. También es deficiente, me parece, por la calidad en las leyes que han expedido", explicó
Otro de los puntos flacos de la Asamblea ha sido la función fiscalizadora, prácticamente nula durante el primer año de funcionamiento.
En la Comisión de Fiscalización se tramitaron pedidos de juicio político contra la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando; el actual ministro de Defensa, Javier Ponce; el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez; el ex ministro de Electricidad, Esteban Albornoz; Jorge Marún y David Ortíz, ex ministros de Transporte y Obras Públicas; y contra Raúl Vallejo, ex ministro de Educación.
Sin embargo, ninguno de los pedidos llegó al pleno de la Asamblea y fueron archivados, pese a que algunos fueron impulsados por asambleístas del oficialismo.
"El tema de fiscalización sigue siendo una deuda de esta Asamblea, posiblemente porque hemos visto una predominacia, se ha sentido fuertemente la presión de la agenda política del Ejecutivo", planteó Ruth Hidalgo, directora de la organización Participación Ciudadana.
Sobre una definición de lo que actualmente pasa en el pleno, Hidalgo señaló: "el escenario que estamos mirando es un caos, es una lucha de poder, un tira y afloja de poderes. Se habla inclusive de hombres de maletines, cosa que yo ya pensaba estaba erradicada".
Calificaciones
En un reportaje de Ecuavisa, varios asambleístas dieron su opinión sobre una posible calificación de la Asamblea durante su primer año de trabajo.
De los consultados, Gastón Gagliardo y Aminta Buenaño, ambos de Alianza PAÍS, fueron los más optimistas; consideran como buena la gestión y la calificaron con 7 y 8, respectivamente. La también oficialista María Paula Romo consideró que, en cuanto a calidad de debate y fiscalización, la Asamblea tiene una nota "bajita", casi "jalados de año".
Por parte de la oposición, Andrés Páez, de la Izquierda Democrática, considera que merece un 6/10 "porque hemos ido avanzando".
Sin embargo, Jorge Escala y Cinthya Viteri, del MPD y de Madera de Guerrero respectivamente, fueron los más drásticos. El primero cree que la Asamblea está "quedada de año" y le da un 3 ó 4 sobre 10, mientras que Viteri simplemente la evaluó con un –1.
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