El Consejo Nacional Electoral, por medio de su convocatoria a elecciones emitida el 18 de octubre pasado, prohibió que a partir de esa fecha se difunda en los medios “cualquier tipo de publicidad con fines electorales con excepción de las dispuestas por el CNE”. Las tres palabras claves aquí son “con fines electorales”.
Con frecuencia las cadenas de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), que se transmiten en horario estelar interrumpiendo la programación de televisión y radio, caben en la categoría de “publicidad electoral” pues su contenido apabulla a los candidatos opositores y pulveriza a quienes gobernaron en el pasado al acusarlos de corruptos y responsables de todos los males del país, con el obvio objetivo de promover la reelección del Presidente.
Antes, según el Reglamento de Promoción Electoral a partir de la convocatoria a elecciones las instituciones públicas como la SECOM requerían la “autorización” del CNE para difundir su publicidad. Ahora, gracias a una reforma al reglamento realizada este mes sobre la marcha, deben solamente “informar” al organismo. Recién en enero cuando inicien oficialmente los 45 días de campaña, el CNE deberá autorizar la transmisión de la propaganda estatal y posiblemente será solo un formulismo.
Si la SECOM continúa con esta práctica durante la campaña, la Constitución, que dice claramente que el Estado debe garantizar la promoción electoral de todos los candidatos por igual, será letra muerta.
La Ley de Elecciones prohíbe a los medios favorecer o criticar a los candidatos durante la campaña, y esa misma ley debe regir para las comunicaciones oficiales del Gobierno. Esto únicamente no será suficiente para nivelar la cancha publicitaria y de comunicación que está totalmente desbalanceada a favor del Gobierno, pero es lo mínimo que se puede pedir de quienes ahora dictan las reglas del juego: que sigan sus propias normas.
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