¿Quién pagará la cuenta? | Vistazo

¿Quién pagará la cuenta?

Opinión, Alberto Acosta-Burneo

Alberto Acosta-Burneo

¿Quién pagará la cuenta?

Miércoles, 01 de Noviembre de 2017 - 13:02
Finalmente el gobierno ha planteado un plan económico ideado para ayudar al país a salir de la crisis de 2016. Pero la realidad dista de las expectativas. El programa abunda en retórica populista: no recurrimos a paquetazos, protegemos a todos en especial a los más pobres, etc. En la práctica, lo que el gobierno llama “corresponsabilidad” no es más que pasarnos la cuenta, a todos los ciudadanos, de la irresponsabilidad del manejo económico en la década pasada. Veamos cómo.
 
La prioridad sigue siendo sostener el gasto público a cualquier precio. Esto se traduce en crear nuevas cargas al sector privado por $1.600 millones por año. La mayor afectación se producirá en las importaciones: los aranceles se incrementarán a los máximos permitidos por la OMC y se creará una tasa de control al contrabando de 10 centavos por unidad importada. Estas medidas significarán una nueva escalada en los precios internos.
 
Al encarecerse la oferta importada por los nuevos recargos, los consumidores reducirán su consumo y tendrán que comprar sustitutos nacionales, disponibles en menor cantidad, incrementando su precio. Para los ciudadanos, equivale a una devaluación porque el presupuesto familiar alcanzará para comprar menos.
 
La nueva tasa de control al contrabando desincentivará la inversión por ser una fuente inagotable de discrecionalidad. Tomemos un ejemplo. El sector panificador expresó que una tasa de 10 centavos por kilogramo de trigo incrementaría su precio en 45 por ciento. Aduanas respondió que no habría tal incremento porque la tasa de 10 centavos se aplicará por quintal. ¿Cuál fue el criterio técnico para que la tasa aplique por quintal y no por kilogramo? ¿Por qué no aplicarla por tonelada o por gramo? Este poder discrecional, que puede llegar a quebrar a cualquier productor, puede degenerar en corrupción, abuso de poder y mecanismo de persecución política.
 
Incrementar el impuesto a la renta a 25 por ciento permitirá al gobierno sacar 400 millones de dólares anuales de las empresas que más venden. Serán los “privilegiados” quienes supuestamente deberán pagar este aumento. Lo que suena como un atractivo argumento populista, en la realidad afectará especialmente a quienes tienen menores ingresos. Al caer en 400 millones los ingresos empresariales, disminuye su capacidad de invertir en mejorar su producción. La ecuación es sencilla: menos acumulación de capital resultará en menos inversión, menor crecimiento futuro de la producción, menos empleo y menores salarios. Aún más grave, es que los impuestos incrementales a la producción serán transferidos a los consumidores (en distintas proporciones).
 
 
El nuevo plan económico es una prolongación de las preocupaciones correístas: sostener gasto público, sustitución de importaciones y restringir salida de divisas. Si insistimos en las mismas recetas, no esperemos resultados distintos. No es admisible que el gobierno nos exija a los ciudadanos aportar con 1.600 millones, mientras que el esfuerzo fiscal se limita a una reducción del gasto público de apenas 500 millones. ¡Si queremos un cambio, tenemos que sustituir las recetas!