Pleno resolverá pedido para vincular a Correa en caso Balda | Vistazo

Pleno resolverá pedido para vincular a Correa en caso Balda

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Pleno resolverá pedido para vincular a Correa en caso Balda

Redacción Miércoles, 13 de Junio de 2018 - 08:34
Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el pleno se reunirá el 14 de junio de 2018, a partir de las 16h00, para conocer la petición de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien solicitó la autorización del legislativo para iniciar el enjuiciamiento penal del expresidente de la República, Rafael Correa, por el presunto secuestro en Colombia del exlegislador Fernando Balda, en 2012.
 
El Fiscal General encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza de la causa que defina una fecha para la audiencia de vinculación del expresidente Correa a la instrucción, pues "aparecieron datos que presumen su participación en el hecho investigado". La solicitud se presentó en el marco del juicio que Fernando Balda y la Fiscalía siguen en contra del exjefe de la Senain, Pablo Romero; el excomandante de la Policía, Fausto Tamayo y tres agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DGI). 
 
 
"A fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, para que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad y en virtud del artículo 120, numeral 10 de la Constitución, solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal del exmandatario", indicó la jueza.
 
El 11 de junio, mediante un comunicado, el orgáno legislativo se refirió al pedido de la CNJ y expresó que "el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de Presidente de la República. Por tanto, no aplica el Artículo 120 de la Constitución, numeral 10. Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias". 
 
Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las inculpaciones y ha advertido de una presunta persecución política en su contra.
 
Según el exmandatario, este es un caso de "lawfare" o utilización del aparato judicial como arma para destruir a líderes opositores.