Comisión da paso a petición de juicio político contra Ochoa | Vistazo

Comisión da paso a petición de juicio político contra Ochoa

País

Comisión da paso a petición de juicio político contra Ochoa

Redacción Martes, 06 de Marzo de 2018 - 08:55
La petición de juicio político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que la Comisión de Fiscalización aprobara el informe en el que concluye que el mencionado incumplió sus funciones, por lo que existen elementos suficientes para determinar su responsabilidad política.
 
El informe fue aprobado por unanimidad de los 10 legisladores presentes, y de inmediato fue entregado al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien anunció que convocará a sesión del Pleno para este 8 de marzo, a las 09h00.
 
Por su parte, la presidenta de la comisión, María José Carrión, al finalizar la reunión expresó que le corresponderá al legislativo decidir si las pruebas de cargo y de descargo, así como la información obtenida durante el proceso de sustanciación se remite a la Fiscalía General del Estado y a otras instituciones competentes, a fin de realizar las investigaciones pertinentes.
 
Antecedentes
 
El 31 de enero de 2018, los asambleístas María Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar presentaron ante el presidente de la Asamblea Nacional una solicitud de enjuiciamiento político en contra de Ochoa, por incumplimiento de funciones como superintendente.
 
Los parlamentarios señalaron que el funcionario incumplió la Constitución y algunas normas, como la Ley Orgánica de Servicio Público, que en su artículo 24, prohíbe “abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales”, así como la de Comunicación, con lo que provocó restricción de la libertad de expresión y atentó contra el derecho a la seguridad jurídica.
 
De su parte, el Superintendente, en su comparecencia del pasado 23 de febrero, aseguró que se plantea a la regulación, no como una limitación a las libertades de los medios, sino como una defensa a la libertad de expresión de los ciudadanos y de las comunidades, en especial, de los grupos vulnerables. También se defendió sobre el concurso público de leyes de bolsillo y la réplica a Teleamazonas.