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Hablemos de sexo

Alejandro Pérez | [email protected] Martes, 31 de Julio de 2018 - 16:07
“Tuve que dejar el colegio cuando quedé embarazada la primera vez. Cuando tuve mi segundo hijo dejé el trabajo. Si hubiera tenido mejores consejos sobre sexualidad estaría en último año de colegio con mis compañeras.” Es uno de los testimonios recogidos por el Ministerio de Salud hace varios años. La Revolución Ciudadana impulsaba el Plan Familia, que proclamaba la abstinencia en lugar de los métodos anticonceptivos, pero la estrategia no dio resultado. Ecuador ostenta vergonzosamente el segundo puesto en embarazos adolescentes en América Latina, con 77 nacimientos por cada 1.000 mujeres que están entre los 15 y 19 años.
 
Solo superado por Venezuela, con un índice de 88 por cada 1.000. “El embarazo adolescente encierra a las mujeres en un círculo de pobreza. Muchas se quedan sin estudiar ni trabajar y sus hijos crecen en un ambiente de violencia”, comenta Verónica Zambrano, gerente estratégica de Plan Internacional Ecuador.
 
 
Según esta ONG, ahí no termina el problema: cada día, seis niñas menores de 15 años dan a luz tras haber sufrido abuso sexual. El Gobierno lanza una nueva estrategia para prevenir el embarazo adolescente. Pero un fallo de la Corte Constitucional aviva la polémica sobre la facultad de decidir sobre sexualidad.  
 
Para revertir esta situación el Gobierno lanzó el mes pasado un nuevo Plan Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que se vincula con la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Decreto 460. Este último ordena actualizar las mallas y textos escolares con un enfoque libre de machismo y la eliminación de los estereotipos en los niños, niñas y adolescentes.
 
Pero este círculo se completó con una sentencia de la Corte Constitucional que otorga el derecho a los adolescentes a recibir información y decidir sobre su vida sexual y reproductiva, de forma autónoma. Hace siete años, René Ramírez Rhon, presidente de la Fundación Papá por Siempre, presentó una acción de protección en contra de la campaña del Ministerio de Salud que entregaba preservativos para prevenir el embarazo adolescente, que fue negada inmediatamente por un tribunal.
 
Durante todo este tiempo y, a pesar de la vigencia del Plan Familia, los dispensarios de salud en todo el país, han entregado preservativos y otros métodos anticonceptivos a los adolescentes. Pero con esta sentencia de la Corte que demoró más de siete años, el Estado guiaría las directrices en la educación sexual de los adolescentes de entre 12 y 19 años y les facultaría tomar decisiones autónomas.
 
 
La sentencia determina que si los padres se oponen a las decisiones de los adolescentes en materia de sexualidad, en ese momento cesa su autoridad “tuitiva” sobre los hijos. A criterio del constitucionalista Salim Zaidán, con esta sentencia “La Corte pretende convertir al Estado en tutor de nuestros hijos y eso va en contra del artículo 29 de la Constitución, que dice que los padres y madres tenemos la libertad de escoger su educación acorde a nuestros principios y valores. Un niño de 12 años todavía no tiene el criterio para decidir sobre su vida sexual y reproductiva". 
 
Zaidán considera que esto es producto del fracaso del Plan Familia que funcionó entre 2014 y 2017 y no hizo más que elevar las tasas de embarazo adolescente por su enfoque en valores religiosos. 
 
La estrategia estaba adscrita a la Presidencia y era comandada por Mónica Hernández. “Teníamos un plan en el extremo conservador y ahora nos quieren imponer una estrategia en el otro extremo”, acota el constitucionalista. Verónica Zambrano, de Plan Internacional, opina que la nueva estrategia no está en el extremo y brinda la oportunidad de combatir el embarazo adolescente y la violencia contra la mujer de manera efectiva. 
 
 
Con una experiencia de más de 20 años en programas con jóvenes para erradicar esta problemática, cree que es saludable una educación sexual tratada de manera científica en los establecimientos y los adolescentes puedan decidir libremente. “Las cifras demuestran que siete de cada 10 mujeres que sufrió violencia sexual en su vida, fue violentada en la niñez.
 
Todas las denuncias que aparecieron recientemente de niños violados en colegios o por curas, ocurrieron porque niños, niñas y adolescentes no tienen información sobre educación sexual. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar su futuro”, dice Zambrano.
 
La ministra de Inclusión, Berenice Cordero, ha señalado que el Estado no quita ningún derecho a los padres y que no se trata de imponer ningún tipo de ideología a los adolescentes, lo que ha sido respaldado por organizaciones feministas. Sin embargo, los colectivos “Provida” y “Con mis hijos no te metas” convocaron a marchas para pedir se reviertan estas medidas, en las que advierten tintes de adoctrinamiento.
 
Mientras se resuelve el debate, habrá que esperar hasta 2025 para medir la eficacia de esta política intersectorial. Es una apuesta más para quitarnos el vergonzoso estigma de ser el segundo país con mayor tasa de embarazo adolescente en la región.