En menos de un año, el país tuvo cuatro fiscales generales. Paúl Pérez Reina dirige desde inicios de mayo la entidad, por encargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio. De origen imbabureño, 42 años y una hoja de vida que denota un alto perfil técnico. Su designación es un acto de justicia.
Fue el mejor puntuado entre 364 participantes en el concurso para recategorización de fiscales, en 2015. Por ese resultado, debió ser elegido el fiscal subrogante del Estado. No ocurrió así. El Consejo de la Judicatura escogió a la Fiscal subrogante del concurso de fiscales provinciales, que se realizó en 2016: para ello, se basó en un pronunciamiento de la Procuraduría.
El fiscal del correísmo, Galo Chiriboga, salió del cargo en forma anticipada antes de que en sus manos reventara el caso Odebrecht (que salpicó en abril de 2017 al exministro Alecsey Mosquera). El fiscal fusible fue Carlos Baca Mancheno. Asumió en mayo de 2017 y debió jugarse su lealtad al correísmo al investigar al exvicepresidente Jorge Glas.
Salió por censura del Legislativo. Lo reemplazó el subrogante Gen Rhea, quien actuaba en reemplazo de la segunda a bordo Thania Moreno. La fiscal Moreno enfrenta una suspensión temporal por denuncias por presuntas conexiones con el expresidente del Legislativo, José Serrano.
El Fiscal Pérez lleva menos de tres semanas en funciones y ya empezó a demostrar que no llegó a pagar favores ni a defender intocables. Inició una investigación a los contratos de las empresas relacionadas con la familia Alvarado Espinel.
Anunció un estudio especial sobre el secuestro y ejecución de los periodistas de diario El Comercio. Y llamó a comparecer al expresidente Rafael Correa, por su posible participación en el secuestro del político opositor Fernando Balda.
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