“Cuando le pedí a la señora canciller que encuentre una forma de solucionar el problema que tenemos en Gran Bretaña, la dejé en libertad para que tome la mejor opción”, dijo el presidente Lenín Moreno al tiempo de advertir que “es un problema que heredamos”.
La solución que encontró la canciller María Fernanda Espinosa fue por lo menos insólita. Primero se le otorgó la ciudadanía ecuatoriana y acto seguido se presentó su nombre como próximo miembro del servicio exterior. Los ingleses impidieron esta pretensión del Ecuador. ¿Qué se buscaba? Otorgarle a Julian Assange un pasaporte diplomático para que eluda a la justicia británica que lleva cinco años y medio, afuera de la embajada, en el centro de la capital inglesa, esperando su salida para detenerlo.
El estatus de diplomático le hubiera otorgado automáticamente la inmunidad suficiente para hacerle un “¡olé!” a la Scotland Yard y embarcarse a Quito para conocer por primera vez a sus 46 años, cómo es el país del cual ya es ciudadano. O, según el portal PlanV, representar al Ecuador en La Habana. Cualquiera que haya sido el destino, “Se está traficando con la nacionalidad ecuatoriana”, criticó el excanciller José Ayala Lasso.
“Si quisieron hacer una sapada se equivocaron”, dijo el exvicecanciller Kintto Lucas a radio Sucesos de Quito. Una última encuesta de Cedatos revela que el 61 por ciento de los ecuatorianos desaprueba el otorgamiento de la nacionalidad y que solo el 16 por ciento ha visto con buenos ojos la medida. El 22 por ciento restante no se quiso pronunciar.
“En este escenario, surge una inquietud. ¿Qué tan importante es el personaje? (…) o, ¿qué secretos guarda celosamente como un seguro de beneficios? Por eso desconcierta el desempeño oficial”, escribió en El Comercio, Alfredo Negrete, alto funcionario en los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Gustavo Noboa.
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