El 12 de septiembre de 1992, un operativo de inteligencia policial irrumpió en la guarida de Guzmán en Lima y arrestó al líder terrorista y fundador del movimiento, lo que constituyó el principio del fin de una organización criminal que en los años 80 inició una guerra contra el Estado peruano que causó decenas de miles de muertos y devastó el país.
Juzgado y condenado junto con su cúpula, Guzmán ha podido ver desde la cárcel cómo su banda se redujo a un grupúsculo que opera ocasionalmente en las profundidades de la selva, más vinculado al narcotráfico que a la revolución global que preconizaba el autodenominado “Presidente Gonzalo”, del que ahora reniegan.
La vigilancia y tensión con la que políticos, gobierno y medios de Perú ven cualquier actividad política de algún simpatizante de Sendero, como el grupo Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), su heredero ideológico y de minúscula simpatía pública, habla de la pervivencia del “fantasma” más que de la ideología en sí.
Esta posible vigencia estuvo en boca de todos durante la reciente huelga de maestros que paralizó la educación pública durante dos meses, a cuyos líderes el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski acusó de estar vinculados a Sendero, algo que fue considerado por muchos como un intento de desprestigiar a los profesores.
“Ha quedado una especie de interesado cultivo de la amenaza del senderismo para explicar o justificar algunas acciones (...) Es difícil que surja un movimiento como el que encabezó Guzmán, que estaba anclado en su figura”, dijo Salomón Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes cometidos por los terroristas y el Estado en las décadas de 1980 y 1990.
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