¡Después de mí, el diluvio! | Vistazo

¡Después de mí, el diluvio!

Opinión, Alberto Acosta-Burneo

Alberto Acosta-Burneo

¡Después de mí, el diluvio!

Jueves, 31 de Agosto de 2017 - 11:26
Una década es suficiente para evaluar los resultados de la política de endeudamiento del socialismo del siglo XXI. Como generalmente sucede, el gobierno fue muy “generoso” al momento de gastar dinero ajeno (de los contribuyentes) a cambio de votos para mantenerse en el poder.
 
Lo que obvió decirnos es que la deuda implica consumir hoy los ingresos del mañana y que, finalmente, la pagaremos los ciudadanos a través de futuros impuestos. Si distribuimos la deuda “oficial” actual, cada ecuatoriano en edad de trabajar debe 3.277 dólares, el doble que en 2005.
 
Una auditoría de la deuda nos permitirá transparentar lo que por tantos años se nos quiso ocultar. A continuación algunos criterios.
 
Primero. El endeudamiento público es mayor al que aparece en las estadísticas oficiales y se aproximaría, según el nuevo gobierno, al 60 por ciento del PIB. En octubre de 2016, cuando el endeudamiento se acercaba al límite legal del 40 por ciento del PIB, el presidente Correa emitió un decreto para reinterpretarlo excluyendo las obligaciones del Estado con entidades públicas.
 
Otros pasivos públicos ni siquiera fueron considerados en las estadísticas: financiamiento con venta de crudo, deudas menores a un año, fondos del BCE, etc. El que estos pasivos no entren en las estadísticas oficiales, no significa que no se vayan a pagar junto con sus respectivos intereses.
 
Segundo. El costo del endeudamiento subió significativamente por la moratoria de 2008. El gobierno priorizó ganancias de corto plazo (al recomprar la deuda con descuento), por sobre la conveniencia del país en el largo plazo.
 
Expliquemos con cifras. El costo para un país se debe medir como el diferencial frente a la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. En el caso ecuatoriano, en 2005 se emitió bonos con un diferencial de 2,3 puntos porcentuales. Este se multiplicó en emisiones posteriores a la moratoria alcanzando 5,4 puntos porcentuales en junio de 2017.
 
La situación es aún más crítica al compararnos con Colombia que realizó una emisión en enero de 2017 con un diferencial de apenas 0,2 de punto porcentual. El supuesto ahorro de la “viveza financiera” de la moratoria, lo estamos devolviendo con creces a través de mayores intereses en el nuevo financiamiento.
 
Tercero. Terminada la fiesta, empieza a llegarnos una costosa cuenta. El servicio de la deuda (intereses y capital) ha subido significativamente de siete por ciento del PIB en 2005 a 9,4 por ciento en 2016. Se destina más recursos a servir la deuda que a los presupuestos conjuntos de salud y educación.
 
Cuarto. La deuda no la pagará quien la contrató (quien ahora goza de un autoexilio dorado) ni tampoco quien recibió los beneficios de ese gasto. Serán nuestros hijos quienes asumirán los despilfarros en obras faraónicas e inútiles: la refinería del Aromo, exceso de hidroeléctricas, los sobreprecios, las coimas… Todo eso se difirió vía endeudamiento público.
 
La auditoría de la deuda no puede ser nuevamente un pretexto para incumplir nuestras obligaciones. Debe ser una purga colectiva para identificar responsables y desterrar las políticas socialistas que solo se enfocan en el corto plazo, sin importar lo que venga después. Nuestros gobernantes no pueden dejar a su paso el diluvio…