Caballo de Troya | Vistazo

Caballo de Troya

Opinión, Alberto Acosta-Burneo

Alberto Acosta-Burneo

Caballo de Troya

Viernes, 01 de Junio de 2018 - 19:16
¡Finalmente tenemos estadísticas completas del endeudamiento público! Los nuevos datos revelan que no debemos 35.000 millones de dólares como nos quisieron hacer creer, sino 59.000 millones. La publicación con datos completos es un gran paso para restituir la transparencia luego de una década de oscurantismo en las cuentas oficiales. Sin embargo, también nos presenta un nuevo desafío: ¿debemos permitir que el gobierno siga endeudándose? ¿Hasta cuándo?
 
El gobierno ecuatoriano es adicto al endeudamiento desde hace seis años. Si cortamos de un tajo el financiamiento público, produciríamos una crisis de iliquidez. La falta de recursos en el fisco se contagiaría a contratistas públicos, quienes no podrían pagar a sus proveedores y, finalmente, afectaría al sistema financiero. Para evitar ese escenario, permitamos que el gobierno siga obteniendo financiamiento, pero bajo estricta supervisión.
 
Las autoridades buscan sustituir el actual límite legal –que determina que el saldo de la deuda no puede superar el 40 por ciento del PIB– por un conjunto de reglas macro fiscales. El argumento oficial reconoce, acertadamente, que la sostenibilidad de una deuda está dada por la capacidad de pagar las cuotas y no por el valor total adeudado.
 
Lamentablemente, la salida propuesta es riesgosa. Las reglas macro fiscales pueden ser más exactas para determinar sostenibilidad fiscal, pero son más complejas de calcular. Se amplía la capacidad de manipulación de la información. Solo recordemos cómo fue burlada una regla tan simple como el límite del 40 por ciento actual y terminamos con pasivos que superan el 57 por ciento del PIB a abril de 2018.
 
Por otro lado, aplicar una regla macro fiscal ampliará el techo del endeudamiento de manera permanente, cuando debemos estar claros que un nivel de endeudamiento superior al actual debe ser considerado como una situación anormal y temporal. ¡No podemos cambiar las normas simplemente porque las hemos incumplido!
 
¿Cuál es la mejor alternativa? Mantener el límite legal actual y solicitar a la Asamblea la aprobación de una salvedad temporal para los próximos tres años. Por ejemplo: que se autorice un financiamiento neto de 5.000 millones de dólares en 2018, de 3.000 millones en 2019 y de 1.000 millones en 2020. Esta solicitud tiene que venir asociada a un Plan de Sostenibilidad Fiscal cuyo cumplimiento debe ser estrictamente monitoreado por la Asamblea, Contraloría, veeduría ciudadana y Consejo de Participación Ciudadana. Solo si el gobierno cumple sus metas trimestrales de gasto, obtendría la autorización para obtener nuevos desembolsos.
 
Evitemos la introducción de un caballo de Troya que provoque que aquellos que cuestionaron la gravedad de la situación fiscal, sean quienes terminen abriendo la puerta a una nueva orgía de endeudamiento. Limitemos a los políticos en su adicción al gasto, recordando que al final del día todas esas deudas las terminaremos pagando los ciudadanos vía futuros impuestos.