No hay antecedentes, en los últimos cien años de la historia nacional, de un presidente que haya permanecido 10 años en el poder. En América Latina solo Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua lo han hecho. Todos se han cobijado bajo la bandera del Socialismo del Siglo XXI, armado en el Foro de Sao Paulo, para rescatar al modelo que sucumbió con la caída del Muro de Berlín en Alemania y el derrumbe de la Unión Soviética.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa y su movimiento enarbolaron la tesis de armar una revolución, que empoderaría a los ciudadanos a través de un nuevo orden constitucional a ser partícipes de un necesario cambio. El vehículo para la participación ciudadana fue un quinto poder, encargado de escoger a quienes controlarían el correcto uso de las leyes y los recursos públicos y privados. Lamentablemente, dicha función solo sirvió para que el poder se concentrara en una sola persona, haciendo tabla rasa del equilibrio de poderes, que asegura la protección de todos los ciudadanos, pues nadie se encuentra sobre la ley.
En el afán de concentración de poder, se dictaron leyes asfixiantes que afectaron la libertad de expresión, de asociación, de cátedra, etc. Se persiguió a periodistas, dirigentes sociales y a quienes manifestaron su desacuerdo con el rumbo del país. Con un mega grupo de medios, entre los cuales están los canales incautados a una familia de banqueros, que el Gobierno prometió venderlos en seis meses y no lo hizo, se intoxicó a los ciudadanos con propaganda y
ataques a adversarios.
Se promovió “meter la mano en la justicia” luego de una consulta popular, cuyo resultado ha sido un discutido uso del debido proceso, que deja en indefensión a los ciudadanos. Además, a través de una Asamblea mayoritariamente compuesta por legisladores del partido, mayoría lograda luego de un cambio en el método de asignación de escaños, se promovió otras reformas que coartan las libertades, entre ellas considerar a la comunicación un servicio público y aprobar la reelección indefinida.
Estos excesos opacan las grandes obras públicas que el país necesitaba y que se han hecho, gracias a la mayor bonanza petrolera en la historia, como son: las hidroeléctricas, la reconstrucción vial, los nuevos hospitales, las escuelas del milenio, el sistema 911, la modernización de la policía y las fuerzas armadas. No obstante, cuando hay falta de control, se producen elefantes blancos como el terminal de gas en Monteverde, la inconclusa refinería del Pacífico, el edificio de UNASUR, las plataformas financiera y social en la Capital, entre otros. Y por ausencia de controles se desbordó la corrupción. Y lo más grave, cuando se secó la fuente para solventar los gastos se recurrió al endeudamiento.
El país volverá a las urnas el 19 de febrero.
El voto debe ser bien meditado. No obstante, es un hecho que el modelo de esta década se agotó y que quien suceda al actual presidente tendrá una tarea difícil, porque la herencia es un aparato estatal obeso y una deuda pública sin precedentes. Por ello, consideramos que para salir del torbellino requerimos de otra visión y otros hombres para cambiar el futuro.
