La cultura de la humillación
Resulta abominable que desde el Estado supuesto a ser el protector de los abusos, se engendre el deporte sangriento de destruir reputaciones.
Que tire la primera piedra quien siendo adolescente no cometió un error. En el Ecuador de la Revolución Ciudadana, un error de libertad de expresión puede tener consecuencias desproporcionadas. Si no pregúntele a Luis, un adolescente que hizo una señal obscena a la caravana presidencial. El Presidente se bajó del vehículo y lo increpó por su falta. Debe haber sido aterrador tener al frente a este hombre alto y corpulento, reclamando en tono enérgico, resguardado por un aparato de seguridad inmenso. Abuso inaceptable, por la asimetría de poder.
No es la primera vez que el presidente Rafael Correa persigue a la persona que simbólicamente se queja de su gobierno. Al menos, públicamente, hay el recuerdo de por lo menos una media docena de incidentes similares: uno contra una pariente del expresidente de la Asamblea Alberto Acosta, en Quito; otro contra un miembro de una central política de Álvaro Noboa en Guayaquil; un tercero en contra de un transeúnte en Machala; un cuarto contra una empresaria en Riobamba; un quinto contra un cantautor quiteño; y este último contra un adolescente.
Luis fue detenido, “como son los protocolos” y sentenciado a servicios comunitarios por su falta. No obstante, lo peor estaba por venir. El acoso comenzó en las redes sociales con el “troleo” y después la comunicación oficial aplicó la cultura de la humillación pública, no solo contra el joven, sino también contra su madre. Se le censuró por no haber enseñado respeto a su hijo y se le acusó de ser miembro del MPD, los violentos “tirapiedras”. En el Presidente y en Alianza PAIS hay varas diferentes. Justificadamente se han indignado cuando se ha intentado vincular los errores de los padres a hijos que son funcionarios, pero no hay reparos para arrastrar la reputación de la madre por una falta del hijo adolescente.
El atropello por parte de la maquinaria gubernamental a quienes disienten con las tesis oficiales ha sido justificado como el derecho a la réplica de los funcionarios, pues estos no pierden por su calidad de funcionarios “su libertad de expresión”. En esta ecuación, también hay diferente medida. Para quienes no forman parte del gobierno o de Alianza PAIS, la libertad de expresión tiene consecuencias ulteriores. Para los ataques en las sabatinas y las cadenas públicas no existe posibilidad de réplica, los insultos quedan en la impunidad.
La crueldad hacia otros es un mal humano. No obstante en la era de las redes sociales, ésta se magnifica. No hay empatía con el sufrimiento y la pérdida de dignidad de quien es atacado. Pero resulta más abominable que desde el Estado, supuesto a ser el protector de los abusos, se engendre este deporte sangriento de destruir reputaciones, todo en nombre de la libertad de expresión de quienes gobiernan.
