El Centro pidió a Lourdes Tibán, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, el 13 de diciembre pasado, que intermediara con los cuestionamientos que ustedes hicieron al Consejo de Participación Social y Control Social (CPCCS) sobre el avance de su trabajo. ¿Qué contestó el Consejo?
La Constitución cumplió tres años el 20 de octubre pasado, como veeduría ciudadana nos pareció que era momento de evaluar al CPCCS. Le preguntamos qué resultados generó sobre participación ciudadana y control social, si había, entre otras cosas, capacitado a los funcionarios y autoridades para fomentar el control social y la participación. No obtuvimos respuesta. Entonces le pedimos a Tibán que hiciera suyas las preguntas y promoviera la comparecencia de la Presidenta del Consejo. A ella sí le respondieron en enero. Pero la contestación no está sustentada, es insuficiente, es equivocada y no atiende nuestro pedido. Entonces, es necesaria su comparecencia al Pleno de la Comisión para indagar de manera directa sobre las inquietudes y que haya una rendición de cuentas a los ecuatorianos.

El CPCCS argumenta que los ciudadanos han participado en los procesos de selección de autoridades de control, para eso se crearon comisiones y leyes.
El trabajo de la CPCCS no se ha apegado a parámetros técnicos para llevar adelante los concursos de las autoridades de control. Hay estándares internacionales para establecer las comisiones ciudadanas, usados por ejemplo en las Naciones Unidas, que no se tomaron en cuenta, por eso han sido procesos muy subjetivos. Así hemos sido testigos de procesos de impugnación que no se diferencian en mucho de los de cualquier comisaría pública. Esto no ha promovido el debate público. Y las impugnaciones no han sido debidamente motivadas o desechadas.

El Centro de Observación Ciudadana mediante voluntarios técnicos ha elaborado escalas para medir la participación ciudadana. ¿Según estas valoraciones el CPCCS ha aumentado la participación ciudadana?
El proceso de participación ciudadana y control social generado desde el espíritu de Montecristi es un proceso desierto. Y se lo puede demostrar en tres aspectos. El primero: No se han cumplido con la progresividad de derechos, ya que no hemos podido materializar nuestros derechos de participación. Un ejemplo es la inaccesibilidad a la información. El segundo, no hay independencia entre las funciones del Estado y las organizaciones ciudadanas, con claridad hay cooptación del poder público de los procesos participativos, lo que significa que el vigilado ha absorbido a los vigilantes. La “silla vacía” (símbolo del espacio para la vigilancia ciudadana) está ocupada por el poder público. Y el tercer aspecto: ha sido frustrante que en más de 16 visitas a ministros de Estado y a muchos funcionarios, hemos constatado que no ha habido capacitación para generar participación.

En “La silla vacía”, un libro publicado por Esquel sobre el proceso de participación ciudadana, el consenso de los dirigentes sociales ahí citados es que se ha vaciado a los movimientos sociales. ¿Usted concuerda con esos criterios?
Sin duda se acabó con la capacidad de generar equilibrio, la convivencia pacífica y las posibilidades de mejorar nuestra democracia. El tema de la transparencia no se ha dado. La rendición de cuentas de los funcionarios y dignatarios no existe. La transferencia de la democracia representativa a la participativa no se ha producido.

Todos los ministerios e instituciones muestran sus presupuestos en sus páginas de Internet. ¿Eso no es un avance para la transparencia?
Las veedurías se han visto avocadas a la inaccesibilidad de información pública oficial, veraz y verificada. Por ejemplo, en Quito hicimos 20 peticiones para tener informes técnicos sobre el “Pico y placa” y nunca nos contestaron. Ese es el caso concurrente de organizaciones que ejercen las veedurías sociales.

¿Otros pedidos sin respuesta?
Nosotros hemos intervenido en 12 áreas de la agenda pública y hay una que nos preocupa en particular: la reforma a la justicia. Pedimos explicaciones del porqué se generó el estado de emergencia y nunca nos contestaron, cuando lo hicimos a través de un medio de comunicación nos contestaron de manera incompleta. Algo nos quedó claro: entre el 5 de septiembre y el 5 de noviembre en el estado de excepción de la justicia, se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia, que fue el encargado del estado de excepción, y la CPCCS. Justicia le transfirió algo más de 550 mil dólares para el manejo de participación ciudadana. Dicho sea de paso, un veedor no puede ser remunerado o costeado, solo se puede costear los costos operativos. Con estos antecedentes me sorprendió oír a la presidenta del CPCCS, Juana Miranda, decir que no había los informes de los veedores sobre el proceso de designación de la Corte Nacional porque no había los recursos económicos. ¿Dónde fueron a parar las transferencias recibidas en octubre para ese efecto? No ha habido una respuesta. Es total atribución nuestra recibir contestación técnica sobre estos temas.
Los procesos de veeduría se han hecho para generar una sensación de transparencia, pero por los resultados prácticos se puede decir que es una fórmula fracasada en el Ecuador.

¿Hay un ejemplo positivo de rendición de cuentas?
No porque no han producido ningún efecto. La rendición de cuentas no significa hacer un librito y repartirlo en un acto, o todos los sábados hablar ante un micrófono solo, lo que cuesta 60 mil dólares en cada ocasión y si bien no es ilegal habría que ver cuán efectivo es. La rendición de cuentas tiene un parámetro técnico y debe tener un retorno ciudadano en términos de cogestión, no de votos o de popularidad, en un programa de televisión no se puede medir el retorno y la eficiencia. El gobierno de la Revolución Ciudadana tiene números en rojos en el tema de la participación ciudadana. Es que este proceso no se creó por decreto en el año 2008, hay más de 20 años de construcción ciudadana en el Ecuador.

¿Hay alguna experiencia positiva?
Un ejemplo es Azuay. El prefecto Paúl Carrasco originó una asamblea provincial con una ordenanza, que ha tenido un rol en las políticas y las definiciones del gobierno de la provincia. La ciudadanía ha recibido capacitación y el proceso de retroalimentación se ha basado en indicadores de gestión. La gente se involucra porque sigue el desarrollo de las políticas públicas y los porqués, así tienen la capacidad y la capacitación para exigir la rendición de cuentas. Cuando las decisiones son tomadas entre las autoridades y la ciudadanía hay una responsabilidad conjunta.