Hablando distintas lenguas, dejaron de construir la torre que habían diseñado y se desperdigaron por la tierra. Así, como en la historia bíblica, el gobierno de la Revolución Ciudadana y parte del movimiento indígena dejaron de entenderse a fines de febrero. El diálogo roto les impide edificar el Sumak Kawsay (Buen Vivir) que la Constitución proclama.

El presidente Rafael Correa acusó a la dirigencia indígena de la Conaie de incitar al “separatismo” por la resolución de 21 puntos adoptada en Ambato, en la asamblea general de las tres ramas que la integran: Ecuarunari (Sierra), Confeniae (Amazonía) y Conaice (Costa).

El octavo punto de la resolución parece darle la razón al Mandatario. “Desconocemos y rechazamos todas las leyes que la Asamblea Nacional viene aprobando, ya que éstas no reconocen el carácter plurinacional del Estado (…) han sido elaboradas sin la consulta y participación de todos los sectores…”.

Esto causó el rechazo del presidente Correa, quien en su última cadena sabatina de febrero fue enfático: “Levantémonos, no permitamos que líderes insensatos traten de ser un Estado aparte. No permitiremos el separatismo”. Y descalificó a Marlon Santi, presidente de la Conaie, amazónico, de quien dijo que está bien para un cargo de teniente político pero no para dirigir la histórica organización indígena.

La respuesta del movimiento fue menos mediática. A inicios de marzo, los dirigentes de la Conaie resucitaron la demanda NP422-06, contra el Estado ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En ella acusan al Estado de no evitar el exterminio de pueblos en aislamiento voluntario, Taromenane, Tagaeri, Añomeñane y otros. Estos pueblos transitan por el campo Armadillo, el bloque 31 y el subcampo Hormiguero del Bloque 14, áreas de actividad petrolera.

El último 5 de marzo, la Conaie solicitó ante la CIDH como medida provisional la cancelación de actividades petroleras en el campo Armadillo, aledaño al campo Auca Sur, en la parroquia Dayuma, provincia de Orellana. Este campo fue adjudicado al consorcio Gran Colombia, integrado por VetraEcuador Petrotesting Colombia y Ecuavital.

El polémico artículo 250
La petición se basa en la posibilidad de que una auditoría ambiental in situ integrada por técnicos y resguardada por la fuerza pública constituya una “amenaza potencial de genocidio” contra los pueblos aislados que se mueven por la selva sin consultar mapas ni dispositivos satelitales de posicionamiento geográfico.

Un delegado del Ministerio de Ambiente envió el 7 de febrero un oficio al gerente de operaciones de Petrotesting. En él se menciona que de ser necesaria la inspección técnica, la comisión ingresará al campo con resguardo policial o militar, “para salvaguardar la integridad física de los técnicos y evitar o controlar posibles encuentros fortuitos con pueblos indígenas en aislamiento”.

El alegato de la Conaie, un documento de ocho páginas en poder de Vistazo, se basa en los puntos 18 y 19 de la asamblea de Ambato, según los cuales los indígenas no permitirán la explotación minera, petrolera ni maderera de empresas nacionales o extranjeras en territorio de la nacionalidad huaorani, “conformada por 32 pueblos, que tienen una posesión ancestral donde se encuentran los bloques 31 y el ITT”.   ¿Por qué resolvieron esto los indígenas? Creen estar amparados en la misma Constitución, cuyo artículo 250 garantiza que el territorio amazónico se constituirá en una circunscripción territorial especial, “Con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay”.

¿La misma Constitución se volvió un búmeran contra el Gobierno o es que al fin de cuentas la Carta Magna no fue sino una declaración de buenas intenciones contrapuesta con una realidad más compleja, que obliga al Gobierno a explotar los recursos naturales que tiene a mano? “La Constitución es una camisa de fuerza para el Gobierno, a veces le aprieta”, asegura Alberto Acosta, fundador de Alianza PAIS, hoy en la sombra.

¿No fue un error poner el artículo 250 en la Constitución? “Por ese artículo los amazónicos votaron a favor de la Constitución, pero el reto es hacerlo entre todos, no solo ellos, la Carta Magna no es el punto de llegada, sino de partida”, explicó el subsecretario de Pueblos, Orlando Pérez.

Un debate pendiente
La Secretaria de Pueblos y Movimientos Indígenas tiene rango de Ministra de Estado.
Vive en un minúsculo departamento en el nororiente de Quito, en un barrio popular habitado por afroecuatorianos como ella.

Alexandra Ocles tiene una trayectoria en organizaciones de base, aunque esta vez se encuentra en la otra orilla. No está gritando proclamas ni defendiendo consignas, esta vez está del lado oficial.

“La resolución de Ambato constituye una provocación peligrosa porque plantea el separatismo”, advierte. “Si ignoramos las leyes de la Asamblea, entonces desechemos también la Ley de Delitos de Odio, que permitió a un afroecuatoriano denunciar cuando fue discriminado en un lugar público, dejemos de ir a Otavalo, veamos si el sector turístico subsiste sin visitantes”.

La Secretaria de Pueblos cree que la Conaie vive un momento particular, porque sus planteamientos históricos fueron recogidos en la Constitución y esto le dejó sin su caballo de batalla. El principal era la declaración del Estado plurinacional, ahora recogido en la Carta Magna, y que amerita “Un debate que el país se debe y que no es una discusión exclusiva de los indígenas”.

Desde su perspectiva, hay un choque de visiones, pero la dirigencia indígena que se opone a la minería y a la explotación petrolera “No presenta alternativas ni dice de dónde saldrán los recursos para escuelas, para salud y para los programas sociales”.

El subsecretario de Pueblos, Orlando Pérez, asegura que, en el fondo, “La Conaie quiere cogobernar, como hizo con gobiernos del pasado”. Pérez coincide en que el gran debate pendiente en el país es cómo construir el estado plurinacional del que habla la Constitución, “quienes forzaron la lucha para declarar ese Estado no tenían las herramientas para plantear ese proceso”.

“El tema de la agenda política de los próximos 10 años es qué pasará en la Amazonía, donde hay puntos conflictivos, pueblos ancestrales y pueblos considerados invasores, presencia de colonos y el Estado”.

Quién es quién
Una semana después de que el presidente Correa descalificara a Marlon Santi como cabeza de la Conaie, saltó a la palestra una organización indígena que aplaude al Gobierno de la Revolución Ciudadana.

José Agualsaca, quien se identificó como presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI), organización creada en 1945, cuestionó a la Conaie en entrevista en El Ciudadano TV, medio del Estado.

¿No está el Gobierno dividiendo al movimiento indígena? Según la Secretaria de Pueblos, “La Conaie ha sido excluyente con otras organizaciones, pero los dirigentes tienen otro discurso hacia sus bases”.

El dirigente de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, explicó semanas atrás a Vistazo que a los indígenas tanto el Gobierno como la derecha los quieren usar. Según esta denuncia, a través de bonos, ofrecimiento de frecuencias radiales, entrega de títulos de tierra y otros mecanismos, el gobierno buscaría desarticular la organización indígena.  En octubre pasado, después de movilizaciones que terminaron con la muerte del maestro shuar Bosco Wisum, el Gobierno instauró mesas de diálogo. Una de las primeras ofertas fue la entrega de una frecuencia de radio para cada pueblo. En la práctica, un análisis técnico de los pueblos amazónicos revela que hay dificultades técnicas para cumplir ese ofrecimiento.

Acusaciones van y vienen. Coincidentes en el discurso, por ahora no hablan un mismo lenguaje y se encuentran en una Torre de Babel. ¿Encontrarán de nuevo la forma para recuperar la sintonía de objetivos, con una visión nacional y de largo plazo?