En julio de 2009, la Superintendencia de Compañías emitió una resolución para emprender una misión casi detectivesca: recabar información sobre las compañías que dentro del giro ordinario de sus negocios emitieran a sus clientes tarjetas de consumo, descuento, crédito y otras similares. Tal actividad, hasta entonces, no era controlada por ningún organismo.

La nueva normativa dispone que las empresas deben enviar mensualmente reportes a la institución de control. Entre otros puntos se les pide detalles de costos operativos, número de tarjetahabientes, cupo promedio, plazo y valores por cobrar.

El superintendente de Compañías, Pedro Solines, señala que su intención es evitar que las casas comerciales efectúen cobros excesivos a sus tarjetahabientes, por concepto de gastos operativos y tasas de interés. “El ciudadano común va a un almacén por un televisor, una refrigeradora, y ve ahí que cuesta 100 dólares, pero le dicen en 12 cómodas cuotitas y termina pagando 500, 600. Eso tenemos que regular”, afirma el funcionario.

Seis meses después de la vigencia de la resolución, los primeros resultados saltan a la vista. Una casa comercial, cuyo nombre aún se mantiene en reserva en la Superintendencia de Compañías, fue sancionada por cobrar una tasa de interés superior a la fijada por el Banco Central del Ecuador en el segmento de consumo.

Clientes fieles
Se las denomina tarjetas de circulación restringida y no están sujetas al control de la Junta Bancaria ya que no pertenecen al sistema financiero formal.

Según la información de la Superintendencia de Compañías, computadas 47 de las 67 empresas emisoras, el número de tarjetahabientes bordea los dos millones; una cifra similar al total de tarjetas de crédito emitidas por el sistema bancario.  A diferencia de las tarjetas financieras, sus cobros operativos no están regulados.

Sin embargo, el Superintendente cuenta que ya se está trabajando en la elaboración de un tarifario de costos máximos para cada tipo de tarjeta. Actualmente rubros como el envío de estado de cuenta o la reposición del plástico pueden costar hasta 22 y 30 dólares anuales, respectivamente.

Solines señala que en los últimos años la emisión de este tipo de tarjetas ha venido en aumento ya que a través de ellas se logra fidelizar a los clientes.

“Un cliente con esta tarjeta hace que las ventas del almacén se incrementen por lo menos en un 40 por ciento”, agrega José Luis Larrea, gerente de mercadeo y ventas de Almacenes Juan Eljuri. Él dice que las tarjetas de circulación restringida permiten a las casas comerciales ahorrarse la comisión que cobran las compañías de tarjetas financieras por las compras con sus productos; la cual puede significar hasta el siete por ciento de la venta.

En el último año el 50 por ciento de las ventas a crédito de Almacenes Juan Eljuri se realizó a través de su tarjeta de crédito Directa, un movimiento de 26 millones de dólares. Un año atrás estas transacciones representaban el 35 por ciento del mismo rubro. Mientras que en Sukasa, cuya razón social es Comohogar, la comercialización con su tarjeta propia constituye el 55 por ciento del total de su facturación, que en 2008 fue superior a 67,6 millones de dólares.

Negocio rentable En cuanto al número de tarjetahabientes, la primera empresa en el ranking es Fybeca con más de 385 mil clientes de su tarjeta VitalCard. Tres años atrás registraban siete veces menos afiliados. Le sigue De Prati con más de 316 mil tarjetahabientes y en tercer lugar Créditos Económicos con 305 mil usuarios de Credicard.

Entre los beneficios que se ofrecen están fechas especiales de descuentos, promociones y plazos acorde a la capacidad de pago del cliente.

Así, por ejemplo, en las tarjetas Creditosi y Crédito Sí, de Casa Tosi, se analizan los pagos mínimos del usuario antes de extenderle el cupo. “Si tiene una cuota de 20 dólares y empieza a pagar 40 dólares todos los meses, quiere decir que el cliente aún puede seguirse endeudándose”, explica Guillermo Lecaros, vicepresidente comercial del Banco Territorial. Aquí la deuda promedio por cliente es de 450 dólares y la tasa de mora es cercana al siete por ciento.

En tanto, un alto ejecutivo de Pycca señala que en el caso de su compañía normalmente el 10 por ciento de la cartera es incobrable.

“Vender para no cobrar sino después de un año, por más intereses que se cobren, no es negocio para ninguna compañía”, asegura.

 En el sector hay cierta incertidumbre frente a los efectos que pueda tener esta nueva supervisión. “Pienso que el mejor control provendrá de las mismas empresas cuando se den cuenta que la política de crédito que están ofreciendo o el perfil al cual están apuntando no brindan los objetivos que esperaban”, concluye el gerente de Mercadeo de Juan Eljuri.

Pero el Superintendente de Compañías replica que el Estado no está en contra de esta actividad: “Nos parece muy buena, pero siempre y cuando se ajusten a los parámetros de la legalidad”.