Aquella tan repetida definición del Código Civil de que la ley es la declaración de la voluntad soberana, etc., no toca su verdadera naturaleza. Si se quiere ir al fondo de la cuestión, sería mejor partir del concepto que formuló Montesquieu, que las leyes “son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas”.

Si agregamos a esto el principio de que las leyes deben nacer de las necesidades sociales para resolverlas, surge la condición indispensable de que deben ser respetadas y aceptadas por la ciudadanía. Por lo mismo, deben ser dictadas por los organismos competentes, mediante un trámite austero, digno y adecuado. El Legislativo –la Asamblea Nacional en nuestro caso–, está específicamente encargado de legislar.

Pero el sistema autocrático vigente, concentrador del poder, inspirado en la llamada democracia plebiscitaria propia del Socialismo Siglo XXI, propicia los enfrentamientos y las discordias, a tal punto que el sector gobiernista de la Asamblea, que constituye el bloque mayoritario pero no la mayoría, evita el debate de principios y adopta el engaño y la ofensa a sus adversarios, y así se hace de la Asamblea el escenario en el que “todo vale”, pues la decencia, la seriedad y la responsabilidad son marginadas inevitablemente. Esta actitud, encabezada e impuesta por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha renunciado al respeto a la palabra empeñada y los compromisos de honor adquiridos.

Las maniobras para impedir que se presente el ex ministro de Transporte y Obras Públicas a rendir cuentas acerca de la forma en que manejó el llamado Plan Relámpago, fueron descaradas, desenfrenadas, sorpresivas; así como el incumplimiento del Pacto de Honor en el trámite de la ley mordaza; como también los veleidosos cambios de criterio sobre la vigencia de la Comisión Ocasional que analizó la ley para así anular a la oposición; el hacerse a un lado para que se aplique la maniobra ilegal e inmoral de Panchana, que ejerció como presidente alterno de la Asamblea, al mismo tiempo que actuaba su suplente, lo que motivó que el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, hiciera ese acto de grosera ironía de contar mañosamente los dedos de sus dos manos para llegar a la conclusión de que eran 11. Eso sobrepasó todo límite de decoro y de respeto a la propia Asamblea y, por cierto, al pueblo ecuatoriano, lo que ha producido una corriente de creciente repudio ciudadano.

Se cumplen ciegamente las consignas de Carondelet, acudiendo a cualquier maniobra, y aún se sospecha con fundamento, que se ha llegado al colmo de manipular el sistema electrónico de cómputo de votos, conforme lo denunció y probó la asambleísta Cynthia Viteri.

Hay además, un nuevo mecanismo para bien pagar a los legisladores gobiernistas o ganados por el Gobierno: es el “premio” de los viajes y sus viáticos, según se desprende de la parcial información que sobre esto se da en el sitio web de la Asamblea, y decimos parcial, porque de 130 viajes al exterior, solo se informa de 67. Pero también gozan de ellas funcionarios claves.

Costos de boletos de avión al universo mundo, viáticos “condignos”. Por esto dicen que el despacho de la Presidencia del órgano legislativo se ha convertido en una suerte de agencia de viajes y distribución de premios.

De esta manera, no pueden discutirse ni menos expedirse leyes dignas de respeto, máxime si la mayoría de los proyectos son elaborados en Carondelet. Esas leyes, aunque se dicten legalmente, no tienen fuerza moral. Les falta legitimidad.

Así estamos en un proceso de la liquidación institucional inspirado y dirigido desde las esferas del poder político encargado de mantenerlas.