Al contrario de la mayoría, me parece cuestionable que la Comisión de la Verdad no circunscribiera sus investigaciones a un período histórico concreto y restringido.

Esa fue una de las razones para que los hijos de Jaime Roldós y Martha Bucaram, así como los deudos de los demás miembros de la comitiva presidencial que, el 24 de mayo de 1981, perdieron oscuramente su vida, nos abstuviéramos de oficializar la presentación del caso ante dicha Comisión.

No consideramos indigno o improcedente mezclarnos con los familiares o ex miembros de los Alfaro Vive, con quienes guardamos una fuerte solidaridad y empatía, sino precisamente al revés: cada circunstancia histórica merecía un tratamiento independiente, no sólo por aspectos tales como la real capacidad humana laboral o la dispersión mediática, sino, ante todo, por una cuestión política: la exigencia al Estado de la asunción de una postura frente a unos hechos determinados, en cada caso.

Seguramente, en Argentina, los asesinados y desaparecidos por la Junta Militar de los 70 y los muertos por la dejación de las administraciones locales y los propietarios de las discotecas incendiadas en los 90 obedecen, a la larga, a la ambición desmedida y al delirio del mismo capitalismo criollo. Pero, dicho esto, también es importante la diferencia. En absoluto para establecer muertos de primera o segunda categoría –que por otro lado están establecidos de facto en nuestro sacrosanto sistema defensor de la propiedad privada–, sino para el justo y verdadero reparto de las responsabilidades.

Mientras escribo a toro pasado, me pregunto por qué no tuve la capacidad de tener antes esta perspectiva de mayor claridad, precisamente sobre algo tan fundamental en mi vida. Lo mismo podríamos preguntar respecto a los tan cuestionados comisionados y comisionadas. Pero en este asunto, como en los demás derivados de la problemática cobertura histórica de la Comisión, debemos decir que el principal responsable es el Gobierno. El mismo Gobierno que con una mano creó la Comisión y con la otra, en vista de las primeras reacciones sociológicas ante su anuncio, decidió ampliar su radio de acción, mucho más allá de su inicial tarea de investigar la institucionalización de la tortura y la represión en el Gobierno de Febres-Cordero, y la abandonó a su suerte.

Más allá de las recientes declaraciones descalificadoras –en tono y al nivel de Inspector de Colegio Secundario– del presidente Correa, y de las dificultades técnicas y administrativas que tanto tiempo le consumieron a la Comisión en su gestación, esto quedó claro en la inverosímil actuación del Gobierno frente a la muerte del ex presidente Febres-Cordero: el respeto y la justa consideración humana al dolor de sus afectos y sus seguidores no le imponía al Gobierno la obligación de brindarle los honores de Estado que le rindió a un sospechoso, de acuerdo con su propia versión, de cometer crímenes de Estado.

Ahí el Gobierno se terminó de lavar las manos como Poncio Pilatos: ustedes, los izquierdistas, tengan su comisión; ustedes, los derechistas, tengan a su héroe.
Nosotros, los romanos, tenemos el poder. Más allá de eso, el tiro mediático de neutralizar el impacto de la Comisión ampliando su ámbito y radio de acción, muy pronto le salió por la culata de su propia represión. Aunque nuevamente vuelve a ser importante la diferencia, espiritual y racionalmente seguimos siendo gobernados por un social cristiano.